La prensa internacional descubre hoy en Panamá un país que diagnostica sus propios males con precisión técnica pero se mueve con lentitud institucional para resolverlos. El informe de Acodeco sobre la necesidad de abrir el mercado eléctrico a la competencia, retomado por Infobae América, revela un patrón que trasciende el sector energético: Panamá posee organismos reguladores capaces de identificar con claridad lo que está mal, pero carece de los mecanismos o la voluntad política para transformar esos diagnósticos en cambio real.
El argumento de la Autoridad de Protección al Consumidor es casi irrefutable en su simplicidad. El mercado eléctrico panameño lleva más de veinticinco años teóricamente liberado, pero permanece estructuralmente cautivo. Tres empresas controlan tanto la distribución como la comercialización en sus respectivas zonas geográficas, lo que convierte a los consumidores en rehenes de la geografía. No hay opción, no hay competencia, no hay margen de negociación. El usuario final está condenado a contratar con quien opera su zona, independientemente de las tarifas o la calidad del servicio. Es un monopolio disfrazado de mercado.
Lo que la prensa extranjera subraya, implícitamente, es la distancia entre el conocimiento del problema y su resolución. Acodeco no descubre nada nuevo. El informe técnico de Diego Morales no contiene sorpresas. Europa liberalizó su mercado eléctrico hace décadas y Panamá conoce ese modelo. Sin embargo, la recomendación de Acodeco no es una orden sino una súplica dirigida a otros ministerios: que "consideren la posibilidad" de abrir el mercado. Que remitan el informe "para su debido conocimiento y fines pertinentes". El tono es el de una institución que sabe que sus hallazgos técnicos no bastan para mover la máquina estatal.
Este es el verdadero encuadre que Infobea América captura sin énfasis explícito: Panamá como un territorio donde la tecnocracia funciona pero la política no responde. Donde los organismos de control pueden analizar, recomendar y fundamentar sus propuestas en evidencia internacional, pero donde la transformación requiere una voluntad política que aparentemente no existe o que enfrenta obstáculos que el informe técnico no puede nombrar. Las tres distribuidoras que monopolizan el mercado no son actores menores. Sus concesiones geográficas las blindan. Modificar esa estructura requeriría no solo legislación sino negociación con intereses establecidos, y eso es territorio político, no técnico.
El crecimiento sostenido del mercado minorista, ese 2.1% a 2.5% anual que Acodeco reporta, sugiere además que el sistema actual funciona lo suficientemente bien para los operadores como para que se cuestione su reforma. Los 1,348,028 clientes regulados pagan sus facturas. El servicio se entrega. No hay crisis visible que obligue a actuar. Hay ineficiencia, hay falta de opciones, hay potencial de mejora, pero no hay urgencia política.
Para la prensa internacional, esto encaja en una narrativa más amplia sobre Panamá: un país cuyas instituciones modernas coexisten con estructuras de poder que se resisten al cambio. No es una observación nueva, pero el sector eléctrico la ejemplifica de manera casi pedagógica. Acodeco existe, funciona, produce análisis rigurosos. La Asep existe. Los ministerios existen. El marco regulatorio existe. Lo que falta es la capacidad o el interés de convertir recomendaciones técnicas en reformas estructurales que afecten a actores con poder de veto.