La prensa internacional que hoy reporta sobre Panamá ha encontrado en la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, una oportunidad para narrar el país desde una perspectiva que le resulta cómoda: la del socio confiable, el punto estratégico en el mapa logístico mundial, el destino de inversiones que prometen modernizar infraestructuras. Infobae América resume el encuentro con el presidente José Raúl Mulino en una enumeración de proyectos que suena a lista de deseos de un banco de desarrollo: la Línea 3 del Metro, el túnel bajo el Canal, el Tren Panamá-David, el saneamiento del vertedero de Cerro Patacón, el Puerto Armuelles, dos megapuertos, un gasoducto. La acumulación de obras es tan generosa que uno podría olvidar que se trata de una sola reunión y no de un plan quinquenal.
El encuadre extranjero subraya, con razón, un vínculo que tiene cifras concretas: Japón es el tercer mayor usuario del Canal y encabeza la lista de la marina mercante panameña. Ese dato no es decorativo; explica por qué Tokio insiste en reforzar su presencia en el istmo, no solo como cliente, sino como socio a largo plazo. Sin embargo, detrás de este relato de progreso y colaboración, asoma una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto Panamá está negociando desde una posición de igualdad o, por el contrario, aceptando condiciones que podrían comprometer su soberanía en el futuro? La prensa extranjera prefiere destacar los beneficios inmediatos, pero omite analizar si estos acuerdos dejan al país expuesto a dependencias económicas o políticas que, con el tiempo, podrían limitar su margen de maniobra.