La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que invierte el foco de la fragilidad institucional para concentrarse en la fragilidad conductual. Infobae América, al reportar que cada siete horas un conductor recibe multa por cruzar en rojo, no está simplemente documentando una estadística de tránsito. Está construyendo un relato donde el problema de seguridad vial se presenta como síntoma de una cultura de incumplimiento normativo que permea la sociedad costarricense.
El encuadre es revelador en lo que subraya y en lo que omite. La cifra de 520 conductores sancionados entre enero y mayo de 2026 se presenta como evidencia de una "tendencia persistente", pero la prensa extranjera no contextualiza si esta cifra es anómala en la región, si representa una mejora o un deterioro respecto a años anteriores, o si simplemente refleja un aumento en la capacidad de fiscalización. El titular enfatiza la regularidad del problema mediante la métrica temporal —cada siete horas— que genera la impresión de una epidemia de indisciplina.
Lo interesante es que el reportaje, citando al MOPT, identifica causas que trascienden la mera rebeldía: la prisa, el uso de dispositivos móviles, la distracción. Pero el énfasis narrativo recae en la infracción misma, no en sus orígenes estructurales. La prensa extranjera parece interesada en documentar que en Costa Rica, el país de la estabilidad democrática y el buen gobierno, los ciudadanos simplemente no respetan las reglas de tránsito. Es un hallazgo que, sin ser falso, reduce la complejidad a un problema de conducta individual.
Hay un detalle que merece atención: la aclaración del MOPT sobre la creencia errónea de que los conductores pueden avanzar en rojo una vez que los peatones han cruzado. Esta corrección administrativa sugiere que existe una brecha entre la norma legal y su interpretación social. Pero Infobea no profundiza en ello. Simplemente lo reporta como parte del comunicado oficial, sin preguntarse por qué existe esa confusión masiva, si es síntoma de una educación vial deficiente o si refleja una desconexión más amplia entre ciudadanía y norma.
El tono del reportaje es el de la autoridad que intenta restaurar el orden mediante la sanción. Las multas de 245 mil colones, la acumulación de puntos, la amenaza de suspensión de licencia. Todo apunta a que el problema es de cumplimiento coercitivo, no de convencimiento cívico. Y la prensa extranjera, al reproducir este encuadre sin cuestionarlo, refuerza la imagen de un país donde la institucionalidad debe constantemente imponer disciplina a una ciudadanía que no la internaliza voluntariamente.
Lo que falta en este relato es la pregunta sobre por qué un país que ha logrado estabilidad democrática, que ha construido instituciones respetables, enfrenta estos desafíos de comportamiento vial. ¿Es acaso que la seguridad institucional no se traduce en seguridad cotidiana? ¿Que la confianza en las leyes no se extiende a todas las esferas de la vida? La prensa internacional no lo plantea. Se conforma con documentar el síntoma: cada siete horas, alguien desafía la luz roja. Y en eso, Costa Rica se vuelve un poco menos excepcional, un poco más parecida al resto de la región.