🇨🇷 Costa Rica

La prensa extranjera que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que revela la fragilidad de una narrativa económica que el país ha cultivado durante años: la de una nación estable y próspera donde los fundamentos macroeconómicos funcionan según lo esperado. Infobea América, a través de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, documenta una anomalía persistente que desafía las proyecciones oficiales y pone en evidencia cuán poco predecible resulta la realidad económica incluso en contextos institucionales sólidos.

El dato es perturbador por su longevidad. Una inflación interanual negativa de menos 0.32 por ciento en junio no es un accidente estadístico aislado, sino el resultado de cuatro años consecutivos en los que el primer semestre de cada año ha permanecido en territorio deflacionario. La última vez que Costa Rica registró inflación positiva fue en abril de 2025. Lo que la cobertura internacional subraya, sin necesidad de dramatismo, es que esto no encaja en el relato de un país donde las instituciones monetarias funcionan con precisión quirúrgica. El Banco Central fijó una meta entre 2 y 4 por ciento. Costa Rica está sistemáticamente fuera de ese rango, hacia abajo.

Lo que resulta particularmente revelador es cómo la prensa extranjera enmarca las explicaciones oficiales. El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, atribuye la previsión de un retorno a cifras positivas en el segundo semestre a la situación geopolítica externa y al fenómeno de El Niño. Es decir, a factores que están fuera del control de la política monetaria doméstica. La cobertura internacional registra esta explicación sin cuestionarla directamente, pero el acto de documentarla genera una pregunta incómoda: si los factores externos son tan determinantes, ¿qué tan efectivas son realmente las herramientas que el Banco Central posee? ¿Cuál es el alcance real de la autonomía institucional cuando los ciclos económicos parecen estar gobernados por dinámicas geopolíticas y fenómenos climáticos?

El detalle de los aumentos mensuales añade una capa de complejidad que la prensa extranjera no ignora. La gasolina subió 4.80 por ciento en junio, los pasajes de autobús 5.43 por ciento, tras ajustes aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El conflicto entre Irán y Estados Unidos elevó el precio internacional del petróleo al cerrar el Estrecho de Ormuz, lo que resultó en un aumento de veinte colones por litro de gasolina súper en Costa Rica. Estos son hechos que Infobae América registra con precisión, pero que juntos cuentan una historia diferente de la que las autoridades monetarias quieren narrar: la de un país cuyos precios están siendo empujados al alza por presiones externas que son imposibles de predecir o controlar, mientras que la inflación interanual permanece negativa debido a comparaciones con períodos anteriores en los que los precios ya eran más altos.

Lo que la cobertura internacional omite, o al menos no enfatiza, es la pregunta más profunda sobre qué significa para un país como Costa Rica vivir en deflación durante tanto tiempo. No hay análisis sobre el impacto en los salarios reales, sobre la capacidad de endeudamiento de las familias, sobre los incentivos para la inversión privada. Tampoco hay reflexión sobre si una inflación negativa sostenida es un síntoma de una economía débil o de una gestión monetaria particularmente efectiva. La prensa extranjera documenta el fenómeno con la frialdad de quien reporta datos, pero deja sin respuesta la pregunta sobre qué significa realmente para una democracia centroamericana que sus propias instituciones monetarias no logren mantener la estabilidad de precios dentro de los rangos que ellas mismas establecen.

Lo que emerge de este encuadre es una Costa Rica menos invulnerable de lo que su reputación internacional sugiere. No es una crisis, pero es una anomalía que persiste, que desafía las predicciones, y que expone los límites de lo que una institución central puede controlar cuando los factores externos son tan determinantes. La prensa extranjera, al documentarlo sin dramatismo pero con precisión, está sugiriendo algo que Costa Rica preferiría no escuchar: que incluso los países con buenas instituciones no están exentos de las turbulencias que el mundo exterior impone.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que expone una paradoja incómoda: la de un país que ha construido su marca global sobre la estabilidad institucional y ahora debe suplicar a su principal socio comercial que no lo castigue por una acusación que, según su propio argumento, no le corresponde. Infobae América reporta cómo el Gobierno costarricense ha presentado comentarios ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitando ser excluido de aranceles del 12.5 por ciento impuestos bajo el argumento de que no ha tomado acciones suficientes para evitar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.

Lo que merece examen es qué revela este encuadre sobre cómo la prensa extranjera interpreta la posición de Costa Rica en el reordenamiento comercial que Trump está imponiendo. El relato de Infobae no es el de una nación que negocia desde una posición de fortaleza, sino el de un país que debe justificarse. La ministra Indiana Trejos afirma que Costa Rica no busca reemplazar la producción estadounidense sino reforzarla mediante cadenas de suministro regionales, que sus bienes forman parte de cadenas integradas que contribuyen a la seguridad y competitividad. Son argumentos defensivos, no propositivos. Son argumentos que aceptan el marco de la acusación y piden clemencia dentro de él.

Lo notable es que la prensa internacional no cuestiona la premisa de la investigación estadounidense ni examina si Costa Rica, efectivamente, ha sido negligente en materia laboral o si simplemente ha sido incluida en una lista de sesenta economías como parte de un ejercicio de presión comercial más amplio. Infobea simplemente reporta que Costa Rica está en la lista, junto a México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, y que ahora debe presentar argumentos en una consulta pública. El encuadre es neutro, administrativo, casi burocrático. Pero esa neutralidad oculta algo: la vulnerabilidad relativa de Costa Rica frente a Estados Unidos, incluso para un país que se supone ha hecho bien la tarea institucional.

La ministra subraya que la economía costarricense aporta a la seguridad y competitividad regional, que complementa los sectores productivos estadounidenses. Es el lenguaje de la interdependencia, pero también de la dependencia. Costa Rica no puede permitirse el lujo de un conflicto comercial abierto con su principal mercado. Debe negociar, argumentar, demostrar. La prensa extranjera registra este movimiento sin ironía, pero la ironía está ahí: un país que durante décadas ha sido presentado internacionalmente como modelo de democracia y estabilidad ahora debe convencer a Washington de que sus cadenas de suministro son limpias, que sus controles laborales son suficientes, que merece un trato diferenciado.

Lo que la cobertura internacional omite, o apenas roza, es una pregunta más profunda: si Costa Rica, con su reputación internacional, su sistema institucional relativamente robusto y su integración en cadenas comerciales regionales, puede ser incluido en una lista de países sospechosos de negligencia laboral, qué significa eso para el resto de América Latina. El encuadre de Infobea es local, centrado en la gestión costarricense de su defensa comercial. Pero el contexto que subyace es el de un reordenamiento de poder en el que incluso los aliados históricos deben justificarse.

El resultado de este proceso de consulta determinará si Costa Rica mantiene el acceso preferencial que le garantiza el CAFTA-DR. Pero lo que ya está determinado, según la mirada extranjera, es que la negociación comercial en el nuevo orden estadounidense no es un asunto de reglas claras sino de capacidad de persuasión, de argumentación, de demostración de utilidad. Costa Rica está haciendo lo que debe hacer. La prensa internacional simplemente documenta que debe hacerlo.

La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que resulta incómodo precisamente por su precisión: el de un país que posee las herramientas legales para proteger sus costas pero carece de la voluntad política o la capacidad institucional para hacerlas funcionar. Infobae América, a través del informe del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, documenta no una crisis de regulación sino una crisis de aplicación, lo que es diagnosticamente más grave.

El contraste que la cobertura extranjera subraya es notable. Costa Rica cuenta, según el documento citado, con un marco legal ambiental robusto: nueve leyes ordinarias, protecciones constitucionales, leyes de zona marítimo terrestre y leyes orgánicas del ambiente. En teoría, el país debería estar blindado contra la depredación de sus costas. Pero la realidad que emerge del análisis es que estas normas funcionan como decoración institucional. Los proyectos cumplen formalmente la ley mientras la corrupción, el clientelismo y la captura institucional operan en paralelo, un escenario donde convergen élites políticas, empresariales y criminales. Para la mirada internacional, esto es particularmente revelador: Costa Rica no es un país sin regulaciones ambientales, sino uno donde la regulación existe pero no se aplica.

La prensa extranjera encuentra en esto un relato más perturbador que el de una nación simplemente negligente. Es el relato de un Estado capturado. Los planes reguladores costeros, concebidos para el desarrollo sostenible, han quedado expuestos a intereses privados y procesos poco transparentes. Los mapas de cobertura boscosa no se actualizan desde hace más de veinticinco años, lo que permite que se construya en zonas de amortiguamiento bajo una apariencia de legalidad. El Parque Nacional Manuel Antonio ve avanzar el desarrollo en sus límites. Monos congos mueren en Guanacaste por falta de pasos aéreos. Son síntomas de un fracaso administrativo sistémico.

Lo que la cobertura de Infobea enfatiza, sin embargo, es también significativo: la presencia de un informe académico serio, resultado de una mesa de trabajo intersectorial con participación de universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. Esto sugiere que en Costa Rica existe una sociedad civil que diagnostica, que documenta, que propone. Pero el encuadre extranjero contiene aquí una pregunta implícita: si el diagnóstico es tan claro y tan bien fundamentado, por qué persiste el problema. La respuesta que emerge del texto es que la debilidad no está en el conocimiento sino en la gobernanza, en la capacidad de traducir el saber en acción institucional.

La transformación de las costas costarricenses bajo el modelo turístico dominante también aparece en la cobertura como un fenómeno de desigualdad acelerada. Un testigo anónimo relata que Costa Rica está adoptando un modelo tipo Cancún, con mucha impunidad. Los precios del suelo se han disparado en una década, expulsando a familias locales. Los beneficios del turismo se concentran en grandes inversionistas mientras las comunidades absorben los costos sociales y ambientales. Para la prensa internacional, esto es especialmente significativo porque toca un nervio de la identidad costarricense: la idea de un país diferente, más equitativo, más verde. La cobertura sugiere que esa narrativa está siendo erosionada por dinámicas de especulación inmobiliaria y mercantilización del paisaje que no son exclusivas de Costa Rica pero que allí adquieren una particular resonancia.

Lo que la mirada extranjera no enfatiza tanto, pero que está implícito en el análisis, es que Costa Rica enfrenta un dilema sin solución fácil. Necesita los ingresos del turismo. Pero el modelo turístico que ha adoptado está destruyendo las bases ambientales y sociales que hacen al país atractivo. Es un círculo vicioso que requeriría, para romperse, precisamente lo que el país parece incapaz de generar: una articulación política que priorice el bienestar local sobre la inversión extranjera, que aplique las leyes que ya existen, que controle la corrupción en gobiernos locales, que actualice sus datos ambientales, que proteja el acceso a la tierra. La prensa internacional, al documentar este informe, está registrando un país que sabe cuál es su problema pero no ha encontrado el camino para resolverlo.