La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que resulta incómodo precisamente por su precisión: el de un país que posee las herramientas legales para proteger sus costas pero carece de la voluntad política o la capacidad institucional para hacerlas funcionar. Infobae América, a través del informe del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional, documenta no una crisis de regulación sino una crisis de aplicación, lo que es diagnosticamente más grave.
El contraste que la cobertura extranjera subraya es notable. Costa Rica cuenta, según el documento citado, con un marco legal ambiental robusto: nueve leyes ordinarias, protecciones constitucionales, leyes de zona marítimo terrestre y leyes orgánicas del ambiente. En teoría, el país debería estar blindado contra la depredación de sus costas. Pero la realidad que emerge del análisis es que estas normas funcionan como decoración institucional. Los proyectos cumplen formalmente la ley mientras la corrupción, el clientelismo y la captura institucional operan en paralelo, un escenario donde convergen élites políticas, empresariales y criminales. Para la mirada internacional, esto es particularmente revelador: Costa Rica no es un país sin regulaciones ambientales, sino uno donde la regulación existe pero no se aplica.
La prensa extranjera encuentra en esto un relato más perturbador que el de una nación simplemente negligente. Es el relato de un Estado capturado. Los planes reguladores costeros, concebidos para el desarrollo sostenible, han quedado expuestos a intereses privados y procesos poco transparentes. Los mapas de cobertura boscosa no se actualizan desde hace más de veinticinco años, lo que permite que se construya en zonas de amortiguamiento bajo una apariencia de legalidad. El Parque Nacional Manuel Antonio ve avanzar el desarrollo en sus límites. Monos congos mueren en Guanacaste por falta de pasos aéreos. Son síntomas de un fracaso administrativo sistémico.
Lo que la cobertura de Infobea enfatiza, sin embargo, es también significativo: la presencia de un informe académico serio, resultado de una mesa de trabajo intersectorial con participación de universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. Esto sugiere que en Costa Rica existe una sociedad civil que diagnostica, que documenta, que propone. Pero el encuadre extranjero contiene aquí una pregunta implícita: si el diagnóstico es tan claro y tan bien fundamentado, por qué persiste el problema. La respuesta que emerge del texto es que la debilidad no está en el conocimiento sino en la gobernanza, en la capacidad de traducir el saber en acción institucional.
La transformación de las costas costarricenses bajo el modelo turístico dominante también aparece en la cobertura como un fenómeno de desigualdad acelerada. Un testigo anónimo relata que Costa Rica está adoptando un modelo tipo Cancún, con mucha impunidad. Los precios del suelo se han disparado en una década, expulsando a familias locales. Los beneficios del turismo se concentran en grandes inversionistas mientras las comunidades absorben los costos sociales y ambientales. Para la prensa internacional, esto es especialmente significativo porque toca un nervio de la identidad costarricense: la idea de un país diferente, más equitativo, más verde. La cobertura sugiere que esa narrativa está siendo erosionada por dinámicas de especulación inmobiliaria y mercantilización del paisaje que no son exclusivas de Costa Rica pero que allí adquieren una particular resonancia.
Lo que la mirada extranjera no enfatiza tanto, pero que está implícito en el análisis, es que Costa Rica enfrenta un dilema sin solución fácil. Necesita los ingresos del turismo. Pero el modelo turístico que ha adoptado está destruyendo las bases ambientales y sociales que hacen al país atractivo. Es un círculo vicioso que requeriría, para romperse, precisamente lo que el país parece incapaz de generar: una articulación política que priorice el bienestar local sobre la inversión extranjera, que aplique las leyes que ya existen, que controle la corrupción en gobiernos locales, que actualice sus datos ambientales, que proteja el acceso a la tierra. La prensa internacional, al documentar este informe, está registrando un país que sabe cuál es su problema pero no ha encontrado el camino para resolverlo.