La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que expone una paradoja incómoda: el país que se promociona como destino de inversión, estabilidad y modernidad está produciendo adultos sin credenciales universitarias a una escala que desafía esa narrativa. Infobae América publica datos del INEC que, en apariencia, son meramente estadísticos. En realidad, son un diagnóstico de fracaso redistributivo.
El dato central es contundente: apenas uno de cada cuatro costarricenses mayores de 25 años posee un título universitario. Pero lo que la prensa extranjera subraya, con la precisión de quien lee entre líneas, es el mecanismo mediante el cual Costa Rica reproduce desigualdad. No es la ausencia de universidades. Es que el mercado laboral, la urgencia económica y las estructuras familiares conspiran para expulsar a jóvenes del sistema educativo antes de que puedan completar una carrera.
Lo notable en el encuadre de Infobea es que no presenta esto como un problema de acceso a la educación superior, sino como un problema de estructura social. Un 34 por ciento de los hombres entre 5 y 24 años abandona la educación porque necesita trabajar. Un 24 por ciento prefiere trabajar. Sumados, casi seis de cada diez varones están fuera del aula por razones laborales. En las mujeres, el trabajo sigue siendo determinante, pero aparece un factor que la cobertura internacional resalta como especialmente revelador: el 13.7 por ciento de las mujeres deja de estudiar por responsabilidades de cuido, mientras que en los hombres esa cifra es prácticamente cero.
Aquí es donde el encuadre extranjero adquiere su filo crítico. La prensa internacional lee esto no como un dato demográfico, sino como evidencia de que Costa Rica, a pesar de su reputación de país progresista, mantiene estructuras de género que condenan a las mujeres a una doble penalización: no solo deben trabajar, sino que además cargan con la responsabilidad del cuido familiar, lo que las expulsa del sistema educativo con mayor crueldad. El 20.4 por ciento de las mujeres no puede pagar sus estudios, frente al 16.1 por ciento de los hombres. La diferencia es pequeña en números, pero en la lógica del encuadre extranjero es simbólica: incluso donde el acceso debería ser universal, las mujeres pagan un precio más alto.
Lo que la cobertura internacional omite deliberadamente, o al menos no enfatiza, es la pregunta sobre responsabilidad política. No hay en el texto de Infobea un análisis sobre qué ha hecho el Estado costarricense para revertir estas tendencias, ni una evaluación de políticas públicas específicas. El relato se detiene en la constatación del problema y en su descripción estructural. Eso deja al lector extranjero con una conclusión implícita: Costa Rica es un país que ha naturalizado la exclusión educativa como parte de su funcionamiento normal, incluso mientras mantiene la ficción de ser una democracia estable y desarrollada.
El contexto de los otros titulares del día refuerza ese encuadre. Mientras se reporta sobre financiamientos para pymes turísticas y el avance de un centro de contención contra el crimen organizado, la realidad educativa del país permanece estancada. La prensa extranjera lee esto como síntoma de prioridades desalineadas: se invierte en infraestructura de seguridad y en el turismo, pero la base educativa que debería sostener un desarrollo genuino sigue fragmentada por la pobreza y las obligaciones familiares.
Lo que la cobertura internacional no dice, pero sugiere, es que Costa Rica está hipotecando su futuro. Un mercado laboral cada vez más competitivo, como menciona el cierre del artículo de Infobea, requiere personal calificado. Pero el país sigue expulsando a jóvenes de las aulas hacia trabajos precarios. La brecha entre la retórica de modernidad que Costa Rica exporta y la realidad de exclusión educativa que vive es el verdadero tema que la prensa extranjera está documentando hoy.