La prensa extranjera que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que desplaza sutilmente la responsabilidad del crimen hacia la infraestructura física, como si la demolición de casas fuera la respuesta estructural a un problema que es, en realidad, de gobernanza territorial. Infobae América reporta la estrategia de San José de derribar viviendas abandonadas que funcionan como búnkeres de droga, documentando con precisión operativa cómo la Policía Municipal ha identificado trece inmuebles en sectores como 25 de Julio, Aguantafilo y Pavas Centro, y cómo el año anterior se desmantelaron quince focos similares.
Lo que merece examen es qué narra este encuadre y qué deja en la sombra. La cobertura internacional enfatiza la táctica de la demolición como medida de contención, casi como si la destrucción de estructuras físicas fuera equivalente a la resolución de un problema de criminalidad urbana. Se citan cifras de ganancias diarias en los búnkeres, se explica la lógica logística de las bandas, se documentan las condiciones de abandono que facilitan la ocupación delictiva. Hay un cierto tono de eficiencia en la narración: aquí hay un problema, aquí hay una respuesta, aquí hay demoliciones.
Pero el relato internacional omite deliberadamente una pregunta incómoda sobre por qué existen tantas casas vacías en primer lugar, y por qué esas casas vacías se convierten tan fácilmente en territorios bajo control criminal. El artículo menciona de pasada que las viviendas quedan desocupadas tras quiebras judiciales, disputas hereditarias o deudas impagas, incluyendo préstamos informales. Eso es, en realidad, un diagnóstico de descomposición institucional: un Estado que no puede gestionar la propiedad inmueble, que no tiene mecanismos para recuperar o reasignar viviendas abandonadas antes de que se conviertan en enclaves criminales, que deja que bandas expulsen violentamente a familias residentes sin que eso genere una respuesta preventiva.
La prensa extranjera prefiere narrar la respuesta táctica, la demolición, como si fuera evidencia de acción estatal. Y sin duda lo es. Pero lo que ese encuadre no interroga es por qué Costa Rica, un país con instituciones democráticas relativamente sólidas, ha llegado a un punto en que demoler casas es una estrategia más eficiente que mantener el control preventivo del territorio. La respuesta sugiere un Estado que reacciona a territorios ya perdidos, no que los protege antes de perderlos.
Hay además una ironía que la cobertura internacional toca sin desarrollarla: las bandas utilizan casas vacías precisamente porque el Estado no las utiliza. Un país con capacidad institucional genuina tendría programas de vivienda social, recuperación de inmuebles, asignación de uso público. Costa Rica, según este relato, tiene demoliciones. Es una diferencia que marca la distancia entre un Estado que gestiona territorio y uno que simplemente lo limpia después de que ha sido ocupado.