La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que revela algo incómodo sobre la geografía del crimen organizado en el país: ya no es suficiente capturar al jefe. Hay que perseguir a sus mujeres.
Infobea América, al reportar la activación de alertas de Interpol contra Jeydi Smith De la O y Chonta Mullins, no está simplemente documentando un procedimiento policial de rutina. Está trazando una narrativa que la prensa extranjera parece leer como síntoma de una sofisticación criminal que ha aprendido a operar a través de estructuras que trascienden el liderazgo personal. El caso Riverside, en su versión internacional, deja de ser solo la historia de la captura de Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", y se convierte en la historia de una arquitectura delictiva tan distribuida que el narcotraficante pudo casarse desde una celda con una mujer que, según los investigadores, administraba los fondos de la organización mientras él permanecía recluido.
Esa imagen es lo que la prensa extranjera parece estar subrayando con particular énfasis: una organización criminal que acumuló patrimonio cercano a los 22 millones de dólares no a través de la centralización del poder en una sola persona, sino mediante la delegación de funciones en individuos que, en apariencia, tenían vidas civiles legítimas. Una exreina de belleza. Una esposa joven. Ambas con la capacidad de movilizarse internacionalmente, de desaparecer días antes de los allanamientos, de estar en Suiza cuando la policía llegaba a los domicilios.
Lo que Infobae América no dice explícitamente, pero que su estructura narrativa sugiere, es que Costa Rica enfrenta un problema que las alertas de Interpol apenas pueden contener: el narcotráfico ha dejado de ser un asunto de capos visibles para convertirse en un fenómeno de capilaridad institucional. Los 84 inmuebles y 106 vehículos intervenidos, los seis hoteles, el restaurante, el redondel de toros, las casas de alquiler turístico, la maquinaria pesada, el gimnasio, la cancha de fútbol cinco, los 200 cabezas de ganado, todo ello sugiere una penetración en la economía civil que trasciende el narcotráfico como delito y lo convierte en un modelo de negocios.
La prensa extranjera lee esto con una cierta frialdad. No como un fracaso de Costa Rica, sino como la confirmación de que el país ya no puede pretender ser una excepción en la región. El operativo Riverside fue presentado hace días como un éxito. Hoy, con la fuga de dos mujeres clave y la necesidad de activar alertas internacionales, ese éxito parece más frágil. No porque la policía haya fallado en detener a López Vega, sino porque la detención de López Vega resultó ser apenas el acto primero de una obra teatral mucho más larga. Las mujeres están en Suiza. Los bienes fueron intervenidos, pero la estructura que los generó sigue siendo estudiada por los investigadores. Hay 68 detenidos, pero otros permanecen prófugos.
Lo que la mirada extranjera no puede evitar es la pregunta que emerge de todo esto: si una organización criminal puede operar durante años desde Limón, movilizar cargamentos de cocaína y marihuana, acumular 22 millones de dólares en patrimonio, mantener vínculos con estructuras colombianas, y aun así permitir que sus miembros clave escapen hacia Suiza días antes de ser detenidos, qué tan profundamente ha penetrado el narcotráfico en las instituciones costarricenses que se suponía debían detectar y prevenir esto. La prensa internacional no lo dice de manera directa. Pero las alertas de Interpol, la fuga de las mujeres, la magnitud de los bienes intervenidos, todo ello compone una imagen que Costa Rica probablemente preferería no ver reflejada en los titulares del mundo.