La mirada extranjera sobre Costa Rica hoy oscila entre dos imágenes que, aunque no se contradicen, revelan una tensión no resuelta en el relato internacional: la innovación como respuesta a los vacíos del sistema y la criminalidad como síntoma de su fragilidad. Infobae América, que ha seguido con atención los avatares institucionales del país, opta esta vez por destacar un esfuerzo académico que, en apariencia, redime al Estado de sus carencias. Los estudiantes de Farmacia de la Universidad de Costa Rica se convierten en protagonistas de un relato donde la precariedad del sistema de salud —con sus listas de espera, sus protocolos obsoletos y su fragmentación entre lo público y lo privado— se mitiga, no mediante políticas públicas, sino a través de la iniciativa individual y el ingenio universitario. Mucorilex, Dulsense, Kapok y las plataformas digitales no son soluciones sistémicas, sino parches temporales que, en el mejor de los casos, podrían escalarse con apoyo externo. La prensa internacional, siempre en busca de historias que humanicen la estadística, prefiere narrar el emprendimiento antes que el fracaso: los 43.000 casos de insomnio diagnosticados por la CCSS en un año se traducen en un "shot" de hierbas y no en un déficit de recursos para salud mental; el envejecimiento poblacional, con sus 1,5 millones de adultos mayores proyectados para 2050, se aborda con un gel que facilita la deglución, como si el problema fuera la pastilla y no la falta de políticas gerontológicas.
Este enfoque tiene su mérito: evidencia que, incluso en un país donde el Estado ha sido tradicionalmente débil en innovación, hay capacidad técnica y creatividad. Pero también omite que estos proyectos son, en el fondo, un reconocimiento implícito de que el sistema no da abasto. La mucositis oral, por ejemplo, afecta al 30-40% de los pacientes oncológicos, pero el tratamiento actual son "preparaciones magistrales", un eufemismo para improvisación. Que estudiantes de quinto año de Farmacia deban diseñar un enjuague bucal con efecto anestésico y mucoadhesivos vegetales no es un logro, sino una señal de que la salud pública costarricense opera en modo de supervivencia. Lo mismo ocurre con FarmaSafe, que busca simplificar un formulario técnico para reportar reacciones adversas: ¿Acaso no debería ser la CCSS quien garantizara que los pacientes pudieran entender los efectos de los medicamentos que toman? La plataforma MedSync, por su parte, expone otro flanco de la debilidad estatal: la duplicidad de fármacos entre lo público y lo privado, un problema que solo existe porque el sistema carece de integración digital.
El contraste con el otro titular de Infobae América —sobre el tráfico de fauna y flora incorporado a redes criminales— es revelador. Mientras en el primer caso la prensa internacional celebra la capacidad de respuesta de la sociedad civil, en el segundo se limita a documentar la extensión de la corrupción y el crimen organizado. No hay aquí innovación ni resiliencia, solo el avance de estructuras que, según el medio, han encontrado en la biodiversidad costarricense un nuevo mercado. La paradoja es clara: Costa Rica sigue siendo visto como un país que, pese a sus problemas, produce soluciones, pero también como un territorio donde la ilegalidad se recicla con la misma agilidad con que los estudiantes transforman los déficits en proyectos. Lo que la mirada extranjera no termina de precisar es si estos dos relatos —el de la innovación y el del crimen— son complementarios o contradictorios. ¿Es el país un laboratorio de respuestas creativas o un Estado fallido que delega en sus ciudadanos y en el sector privado la solución de problemas que deberían ser públicos? La respuesta, probablemente, está en ambas cosas. Y en la capacidad de Costa Rica para decidir si quiere ser recordado por sus estudiantes de Farmacia o por sus redes criminales.