La digitalización de los permisos de cannabis y cáñamo que Costa Rica acaba de implementar es, visto desde la prensa internacional, un acto administrativo que revela algo más profundo que la mera modernización de trámites. Infobae América lo reporta sin dramatismo, como corresponde a una noticia de gestión pública, pero el encuadre merece examen porque toca un nervio que la cobertura extranjera sobre Costa Rica ha evitado durante años: la capacidad del país de construir marcos regulatorios sofisticados en sectores donde otros aún improvisan.
Durante décadas, el relato internacional sobre Costa Rica ha pivotado sobre dos ejes contradictorios. Por un lado, la imagen de un país estable, democrático, con instituciones que funcionan. Por el otro, la realidad de un territorio donde el narcotráfico, el contrabando de especies y la corrupción abierta parecen más visibles que esa institucionalidad. La prensa extranjera se ha sentido cómoda con esa tensión porque permite mantener el mito sin abandonar la crítica: Costa Rica como el lugar donde todo debería funcionar pero donde, paradójicamente, la delincuencia prospera. Es una narrativa que exonera a los lectores de pensar demasiado.
La noticia de hoy interrumpe ese patrón, aunque sea de forma tangencial. No porque resuelva la contradicción, sino porque muestra a Costa Rica haciendo algo que la mayoría de democracias latinoamericanas aún no se atreve: legislar y operacionalizar una industria de cannabis medicinal con criterios claros, diferenciados según el tipo de producción, con costos explícitos y vigencias definidas. La Ley 10113, aprobada en marzo de 2022, distribuyó competencias entre Agricultura y Salud. Ahora, tres años después, el gobierno concentra los trámites en una plataforma única, sin costo para el cáñamo industrial, con aranceles diferenciados para pequeños productores en el caso del cannabis psicoactivo. No es glamoroso, pero es funcional.
Lo que la prensa extranjera no subraya —y quizás no puede, porque está más atenta a lo que falla que a lo que se construye— es que esta medida representa un acto de confianza institucional. El gobierno costarricense está diciendo, en efecto, que confía en su capacidad de monitorear, regular y controlar una industria que en otros países sigue siendo tabú o está completamente capturada por actores ilegales. No es un acto de valentía retórica, sino de valentía administrativa: crear una plataforma digital, establecer requisitos, fijar vigencias, permitir renovaciones condicionadas. Es la infraestructura del Estado funcionando.
Pero hay un silencio en el reportaje que también es significativo. Infobaa América menciona que la Directriz Ministerial 002-2026 ordena la incorporación "paulatina" de los trámites del MAG a la VUI, y que una vez disponible en la plataforma, "las personas usuarias deberán emplear ese canal y dejarán de contar con la alternativa presencial o física". Esto es, en teoría, una modernización. En la práctica, es una decisión sobre quién queda dentro y quién queda afuera. Un productor sin acceso a internet, sin capacidad de navegar plataformas digitales, sin un gestor administrativo que lo ayude, quedará excluido de facto. La prensa internacional raramente pregunta por estos costos ocultos de la digitalización, especialmente en sectores agrícolas donde la base de productores suele ser heterogénea.
Lo que sí ve la cobertura extranjera, aunque no lo explicite, es que Costa Rica sigue eligiendo ser un laboratorio regulatorio. Primero fue el turismo de biodiversidad, luego la energía renovable, después el nearshoring tecnológico. Ahora es el cannabis medicinal. El país no inventa estas industrias, pero sí las institucionaliza de formas que otros no se atreven. Es una estrategia que ha funcionado mientras el mundo esté dispuesto a pagar un premium por esa institucionalidad. El problema, claro, es que ese premium depende de que la realidad no contradiga demasiado la imagen. Y en Costa Rica, la contradicción entre lo que promete el marco regulatorio y lo que ocurre en las calles sigue siendo profunda.
La digitalización de permisos de cannabis es, entonces, una noticia que la prensa internacional puede reportar sin incomodidad. No cuestiona el mito de Costa Rica como democracia funcional, sino que lo refuerza. Y eso, precisamente, es lo que la hace sospechosa de incompletitud.