La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que revela la paradoja de un país que gasta más pero no obtiene seguridad a cambio. Infobae América publica cifras que son, en sí mismas, un diagnóstico de fracaso: un incremento del 30.01 por ciento en el presupuesto de seguridad entre 2020 y 2024 que coincide exactamente con la peor tasa de homicidios de la historia reciente, 17.2 por cada 100,000 habitantes en 2023. El contraste no es accidental; es estructural.
Lo que la cobertura extranjera subraya, con una sobriedad que resulta más perturbadora que cualquier alarma, es que Costa Rica ha dejado atrás definitivamente su imagen de excepción centroamericana. No se trata de un retroceso episódico sino de una aceleración progresiva desde 2021, lo que convierte al país en uno de los que exhibe el ritmo de deterioro más pronunciado del istmo. Para la prensa internacional, esto importa porque contradice la narrativa que ha sostenido durante décadas: la de una nación donde estas cosas no sucedían, donde la estabilidad democrática y la ausencia de fuerzas armadas garantizaban cierta inmunidad frente a la violencia que caracteriza a sus vecinos.
El diagnóstico que Infobae América extrae del informe de Expediente Abierto es despiadado en su precisión. Costa Rica no es víctima de una ola de violencia aleatoria sino de su propia geografía instrumentalizada: el país se convirtió en 2020 en el principal punto de transbordo de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y otras regiones, superando incluso a México en esa función. La ubicación geográfica, los puertos en el Caribe, la infraestructura de comercio exterior, todo aquello que permitió a Costa Rica prosperar como economía abierta se ha convertido en la infraestructura del narcotráfico. Siete de cada diez homicidios están vinculados a disputas entre actores del crimen organizado. La violencia no es caótica; tiene una lógica de mercado.
Lo que la cobertura extranjera omite, o apenas toca, es la pregunta incómoda que emerge de estos números: por qué un aumento presupuestario tan significativo no ha logrado revertir la tendencia. El artículo menciona, de paso, que la estructura del gasto permanece concentrada en remuneraciones y operación cotidiana, con apenas el 2.85 por ciento destinado a inversiones de capital en 2024, y proyectando solo el 0.38 por ciento para 2025. Menciona también que Costa Rica cuenta con menos de 12,000 efectivos policiales cuando necesitaría entre 5,000 y 7,000 más. Menciona la fragmentación institucional y la falta de coordinación entre actores gubernamentales.
Pero lo que no dice, porque los datos no lo permiten, es si el dinero adicional ha llegado a fortalecer la inteligencia criminal, el control portuario, las capacidades de investigación. La prensa internacional, en este caso, se detiene en el síntoma visible: más presupuesto, más homicidios. No profundiza en la ejecución, en la corrupción institucional, en las decisiones políticas específicas que han permitido que el crimen organizado consolide su presencia territorial en zonas portuarias, corredores logísticos y áreas fronterizas.
Lo que sí emerge con claridad del encuadre extranjero es que Costa Rica enfrenta un problema que no es susceptible de solución mediante incrementos presupuestarios lineales. El informe citado advierte que sin respuestas institucionales adecuadas y sostenidas, el problema podría agravarse. Esa advertencia, publicada en la prensa internacional, es una forma de decir que Costa Rica ya ha probado una estrategia y ha fracasado. Ahora le toca probar otra. La prensa de afuera está documentando el momento en que un país descubre que el dinero, por sí solo, no detiene la erosión de su propia excepcionalidad.