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🇨🇷 Costa Ricamartes, 10 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que hoy mira a Costa Rica no descubre un país nuevo: vuelve sobre el mismo territorio y encuentra, en el informe que cita Infobae América, la confirmación numérica de lo que ya intuía. La cifra es contundente y merece detenerse en ella: los grupos criminales activos pasaron de 35 a 340 en una década, según el Índice Global de Crimen Organizado recogido en el documento. No es una variación menor ni un ajuste estadístico; es la multiplicación por diez de una estructura que, según ese mismo informe, ya no terceriza funciones ante los cárteles transnacionales, sino que maneja de forma directa la logística, la distribución, el lavado y el control de los mercados internos. Costa Rica, dice el texto, dejó de ser corredor de paso para convertirse en plataforma de almacenamiento, reexportación y consumo propio. Esa es la tesis que el periodismo de afuera subraya hoy, y conviene tomarla en serio aunque llegue envuelta en el formato del despacho que resume un informe ajeno.

El hilo narrativo que traza Infobae tiene una virtud y un límite. La virtud es que no se queda en la anécdota del decomiso espectacular: pone cifras al volumen incautado entre 2018 y 2026 —300.261 kilos de cocaína, equivalentes a unos 10.000 millones de dólares en el mercado estadounidense y 9.000 millones en el europeo— y, sobre todo, cita el cálculo del Ministerio de Seguridad según el cual los 46.541 kilos decomisados en 2025 representaron apenas el 10% de la droga que realmente circuló por el país. Ese dato, atribuido al informe, es el que debería incomodar: las incautaciones récord no son señal de éxito sino de la magnitud de lo que se escapa. El límite es que el despacho, como es habitual en la cobertura extranjera de la seguridad centroamericana, convierte un documento de diagnóstico en una crónica de decadencia institucional, y al hacerlo ordena los hechos en una secuencia casi inevitable: el auge del narco, luego los recortes de 2023 —la Policía de Control de Drogas retirada de fronteras, puertos y aeropuertos, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Guardacostas abandonando la bahía de Drake durante tres años—, después el presupuesto judicial recortado en más de 35.000 millones de colones para 2026, y al final la ley de 1994 que no permite intervenir con eficacia comunicaciones encriptadas como WhatsApp, la Fiscalía de Legitimación de Capitales con seis fiscales para 202 expedientes y una Plataforma de Información Policial que no opera. La causalidad se sugiere con tal limpieza que el lector podría concluir que el país se desarmó a propósito.

No es falsa esa secuencia, pero es una secuencia construida desde afuera y para un lector que no vive aquí. Lo que el encuadre extranjero omite es lo que ocurrió en enero: la sanción del Departamento del Tesoro estadounidense a los hermanos Picado Grijalba, señalados como líderes de la mayor red de tráfico de cocaína del país, y la operación del Organismo de Investigación Judicial con 1.200 agentes y 64 allanamientos simultáneos contra esa misma estructura, la mayor de su historia. El despacho menciona ambos hechos, sí, pero los coloca como antesala del diagnóstico y no como evidencia de una capacidad estatal que, aun maltrecha, sigue golpeando. Esa es la distorsión de perspectiva: el país que la prensa extranjera describe hoy es el que se debilita, no el que resiste.

El resto de los titulares de la jornada confirma que la mirada de afuera se ha vuelto una suma de frentes abiertos. Infobae informa de que el sicariato concentró el 70,6% de los homicidios de 2025, lo que encaja en la misma narrativa de violencia profesionalizada; anuncia un hongo que amenaza las plantaciones de banano, que introduce la dimensión económica del riesgo; celebra un récord de mamografías en la seguridad social con 151.000 estudios en ocho meses, aunque 53.000 citas siguen pendientes, y ese matiz —el logro y su deuda— es el más honesto del conjunto; registra que el Concejo de Desamparados rechazó una moción contra la inscripción de una agrupación musulmana, episodio de convivencia que rara vez escala en la agenda internacional; y consigna que Europa se consolidó como segundo socio comercial de Costa Rica, dato que el Gobierno presenta como logro y que la prensa recoge sin entusiasmo. France 24, por su parte, vuelve al tráfico de especies en uno de los países más biodiversos del mundo, ángulo que ya había elegido antes y que hoy repite sin novedad sustantiva.

El matiz nuevo, entonces, no está en el tema sino en el tono. La cobertura extranjera de Costa Rica ha dejado de sorprenderse y ha empezado a clasificar. El país aparece en las páginas internacionales como un caso de estudio del crimen organizado en América Latina, con cifras comparables a las de vecinos que llevan décadas en esa categoría. Es un cambio de estatus incómodo y, a la vez, una advertencia útil: cuando el periodismo de afuera deja de narrar la excepción costarricense y empieza a medirla con la vara regional, el país pierde el beneficio de la duda que durante años le permitió ser noticia por lo que no ocurría. El informe que Infobae cita propone, con sensatez, atacar el mando, la logística, el financiamiento y la protección institucional de cada organización en lugar de multiplicar capturas aisladas; formar peritos contables, actualizar las normas sobre mensajería cifrada y criptoactivos, reactivar la coordinación de inteligencia y proteger el presupuesto judicial. Son recomendaciones que el país puede leer como intromisión o como agenda. La prensa extranjera, hoy, no está contando lo que Costa Rica fue; está describiendo lo que, según sus fuentes, se está convirtiendo. Y esa diferencia, para bien o para mal, ya no depende de cómo la cuenten desde afuera, sino de lo que se haga aquí.

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