La prensa extranjera que cubre Costa Rica vuelve hoy a Infobae América, y lo hace con un texto que, a diferencia de las entregas recientes, no se detiene en el decomiso ni en la encuesta de aprobación, sino en un mecanismo institucional que rara vez alcanza titulares fuera del país: la reelección de magistrados. El medio dedica su pieza principal a la recomendación de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de no reelegir a Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo período de ocho años. La votación fue de cuatro contra tres, con los votos contrarios provenientes de Marta Esquivel Rodríguez, Yara Jiménez Fallas, Antonio Barzuna Thompson y Gerald Bogantes Rivera, todos del oficialista Partido Pueblo Soberano, y los favorables de Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional, y Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio. El encuadre es preciso y, a la vez, revelador: lo que el medio subraya no es la idoneidad técnica de la magistrada, sino la tensión entre un oficialismo que cuestiona su gestión frente a la criminalidad y una oposición que invoca la independencia judicial.
El texto atribuye a la diputada Esquivel, presidenta de la Comisión, la frase que ordena el debate: “Doña Patricia, encargada del tema penal de la Corte, no ha podido generar una política criminal acorde con la realidad del país”. Y añade que Jiménez cuestionó la respuesta del Poder Judicial frente al incremento de la inseguridad, mientras Barzuna aludió a casos de personas solicitadas en extradición por Estados Unidos que, según señaló, no tenían procesos judiciales abiertos en Costa Rica. Solano, por su parte, defendió su trayectoria desde 1988 y su cargo en la Sala Tercera desde noviembre de 2018, y pidió que la decisión se fundamentara en información comprobable y no en diferencias personales o políticas. Presentó cifras: 477 expedientes pendientes al ingresar, 306 en 2021 y 2022, y 558 para septiembre de 2026, incremento que atribuyó a la complejidad de los asuntos y a los recortes presupuestarios propuestos para el Poder Judicial. La oposición, en cambio, respaldó su continuidad por experiencia y conocimiento del sistema, con Sandí invocando la independencia del Poder Judicial y Trejos pidiendo criterios técnicos y resultados concretos.
Lo que el medio omite o deja en segundo plano es igual de significativo. El texto explica con rigor el artículo 158 de la Constitución —los magistrados son nombrados por ocho años y su reelección es automática salvo que al menos 38 diputados voten en contra— y precisa que el Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 legisladores, por lo que necesitaría siete votos de oposición para impedir la continuidad de Solano, cuyo período vence el 6 de noviembre de 2026. Pero no desarrolla el contexto de fondo: la recomendación de una comisión legislativa no es la decisión final, y el medio lo dice, aunque el titular pueda leerse como un veredicto consumado. Tampoco explora la relación entre este proceso y la elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el lunes 26 de octubre, en la que Solano figura entre cuatro postulados y requiere al menos 12 votos de Corte Plena. El artículo menciona ambos procesos, pero no los conecta: la misma magistrada cuyo futuro legislativo pende de un hilo aspira a dirigir el Poder Judicial, y esa coincidencia, que el medio registra sin subrayar, es la que mejor retrata la encrucijada institucional del país.
Los otros dos titulares de hoy confirman el patrón que la prensa extranjera ha construido sobre Costa Rica: la condena de 36 años de cárcel a un costarricense que aceptó haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años, y la detención de una exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside. Son titulares que, sin texto completo, no permiten un análisis de fondo, pero que en conjunto dibujan un país narrado desde el expediente penal y el escándalo. El editorial de hoy, sin embargo, debe concentrarse en lo genuinamente nuevo: la prensa extranjera ha decidido mirar, por un día, el engranaje que decide quién administra la justicia penal en Costa Rica, y lo ha hecho con un texto que respeta la complejidad del procedimiento pero que no termina de explicar por qué ese procedimiento importa. La recomendación de la Comisión de Nombramientos es un gesto político con consecuencias institucionales, y el medio lo trata como una noticia de coyuntura cuando en realidad describe una disputa por el control del sistema penal en un país que, según el propio texto, enfrenta un incremento de la criminalidad que el oficialismo considera mal atendido. Esa es la historia que el encuadre extranjero deja a medio contar: no la de una magistrada cuestionada, sino la de un Estado que discute, en comisión y con cuatro votos contra tres, cómo responder al crimen organizado.