La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica ofrece un titular contundente: los diputados oficialistas frenan el proyecto para eliminar las pensiones de expresidentes. La lectura inmediata, la que sin duda prevalecerá en los lectores apresurados, es la de un gobierno que predica contra los privilegios y luego los protege cuando tocan a los suyos. Y hay evidencia para sostenerla: los diputados del Partido Pueblo Soberano votaron en contra de una iniciativa que su propia presidenta y su propio líder, Rodrigo Chaves, han denunciado como parte de esas "pensiones de lujo" que tanto incomodan al discurso oficial. El Frente Amplio, autor de la propuesta, no tardó en retratar la escena como una contradicción política insostenible. Hasta ahí, el encuadre de Infobae América es impecable: captura la hipocresía en vivo y la presenta como la noticia del día.
Pero conviene no precipitarse. La misma crónica que sustenta el titular contiene un detalle que lo desmiente con elegancia: el proyecto no fue archivado por voluntad de los diputados, sino porque el Tribunal Supremo de Elecciones determinó que su trámite violaba plazos constitucionales. No se trata, entonces, de un rechazo político a la austeridad, sino de un fallo técnico que obliga a reiniciar el proceso desde cero. Esto no exonera al oficialismo de su responsabilidad retórica, pero sí matiza la imagen de un bloque legislativo unido en la defensa de privilegios. La prensa extranjera, sedienta de contradicciones fáciles, prefiere ignorar estos matices y presentar a Costa Rica como un país donde el discurso y la práctica divergen sin remedio.
Sin embargo, el episodio revela algo más profundo: la dificultad de sostener un relato de austeridad en un sistema político donde las instituciones actúan con independencia. Que el TSE haya frenado la iniciativa no es un fracaso del gobierno, sino una demostración de que, incluso en temas polémicos, las reglas del juego se aplican. La prensa extranjera, en su afán por encontrar historias de corrupción o cinismo, suele pasar por alto estos contrapesos que, en el caso costarricense, son la norma. Costa Rica no es un paraíso de coherencia, pero tampoco un reino de la hipocresía sin límites.