La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que la mirada extranjera suele reservar para economías en transición o sistemas educativos en crisis: el de un país que produce profesionales, pero no trabajadores. Infobae América, al reportar los resultados del Examen de Diagnóstico de Inglés de la Universidad de Costa Rica, no está simplemente documentando una deficiencia lingüística. Está trazando una narrativa sobre la desconexión entre lo que el Estado invierte en formación superior y lo que el mercado global realmente demanda, una brecha que se vuelve aún más incómoda cuando aparece estratificada por clase.
El dato que estructura toda la cobertura es brutal en su sencillez: apenas 23 por ciento de los egresados de colegios públicos alcanza los niveles B2 o C1 en expresión oral, mientras que entre los de colegios privados esa cifra trepa a 52 por ciento. No es una diferencia de matices. Es una diferencia de acceso. Y la prensa extranjera lo lee exactamente así: como evidencia de que la educación superior costarricense, lejos de ser un igualador de oportunidades, se convierte en un amplificador de desigualdades previas. Un estudiante que llegó a la universidad ya desventajado por haber estudiado en el sistema público sale de ella con esa desventaja intacta, ahora certificada por una institución que supuestamente debería haberla corregido.
Lo que Infobea enfatiza, con el tono de quien documenta una contradicción sistémica, es que el problema no es ignorancia sino asimetría. Los mismos egresados leen y comprenden inglés a tasas que rondan el 85 por ciento en el sector público. Entienden. Lo que no pueden hacer es producir, hablar, escribir. Es decir, actuar en un mercado laboral que, según los datos citados, premia esa capacidad con incrementos salariales de hasta 60 por ciento. La prensa extranjera ve ahí no solo un fracaso educativo sino una forma de exclusión económica que opera a través de la lingüística.
El encuadre internacional también subraya algo que la narrativa local tiende a suavizar: que el sector privado ya resolvió este problema. El 71 por ciento de sus egresados alcanza B2 en escritura. El 52 por ciento en expresión oral. No es que no se sepa cómo enseñar inglés funcional en Costa Rica. Es que ese conocimiento está concentrado en instituciones de pago. Para la prensa extranjera, eso no es un detalle administrativo. Es una declaración sobre qué país es Costa Rica en realidad: uno donde la movilidad social depende de decisiones tomadas a los 12 años, cuando los padres eligen entre público y privado.
Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR, aparece en la cobertura diciendo algo que suena como confesión: "Una persona puede tener un gran título, mucha preparación y experiencia, pero sin un buen dominio del inglés pierde oportunidades". La prensa internacional lee eso como la admisión de que los títulos universitarios costarricenses, en el mercado global, valen menos de lo que deberían. No porque sean malos títulos. Porque están incompletos. Porque la universidad pública entrega profesionales que leen sobre su disciplina pero no pueden ejercerla en entornos donde el idioma es el medio de trabajo.
Lo que ausenta la cobertura, o apenas toca de pasada, es la pregunta sobre por qué esto sigue siendo así. El 43 por ciento de los graduados tiene que pagar cursos externos para compensar lo que la universidad no les dio. Eso es un impuesto invisible sobre los pobres, una multa por haber nacido sin recursos para la educación privada. La prensa extranjera no lo formula así, pero su énfasis en las cifras de brecha por sector lo deja flotando en el aire.
Costa Rica aparece hoy en la mirada internacional no como un país que fracasa en inglés, sino como uno que fracasa en cerrar brechas que ya existían antes de que sus ciudadanos llegaran a la universidad. Y eso, para la prensa que mira desde afuera, es un problema más profundo que cualquier déficit lingüístico.