La prensa extranjera que cubre Costa Rica amanece hoy con una denuncia penal que involucra a la presidenta de la República y a su antecesor inmediato, hoy ministro de la Presidencia y Hacienda, por el nombramiento del director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Infobae América la presenta con precisión de expediente: el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio, acudió a la Fiscalía General para que se determine si Laura Fernández Delgado y Rodrigo Chaves Robles incurrieron en el delito de nombramientos ilegales al designar a Pablo Esteban Martínez Bertozzi al frente de la DIS, un cargo que, según el artículo 65 de la Ley General de Policía, exige como mínimo el grado de comisionado. El funcionario, abogado y exasesor presidencial en la administración anterior, no ostenta rango policial alguno. Eso no es una sospecha del denunciante: es lo que Casa Presidencial admitió por escrito a CR Hoy el 14 de agosto de 2026, y lo que confirma el oficio del Ministerio de Seguridad Pública del 4 de septiembre, donde su nombre sencillamente no aparece en la lista de quienes tienen grado de comisionado o comandante.
Hay que subrayar lo que el encuadre internacional elige iluminar. No es el fondo del asunto, que es jurídico y todavía no está resuelto, sino la forma: un presidente en ejercicio y una presidenta en funciones denunciados penalmente por cómo nombraron a su jefe de espionaje. La noticia, leída desde afuera, no habla de una discrepancia administrativa ni de un tecnicismo reglamentario. Habla de un Estado donde la ley que regula quién puede dirigir los servicios de inteligencia se puede torcer mediante un reglamento, y donde quien firma esa torsión es el propio Ejecutivo. El Gobierno defiende la legalidad del nombramiento invocando el artículo 62 de la misma ley y el artículo 4 del reglamento interno de la DIS, que permite que la Dirección General la ocupe un profesional idóneo en seguridad. El diputado responde con el argumento elemental de que un reglamento no puede derogar una ley. Esa es la pregunta que la Fiscalía tendrá que responder, y es una pregunta incómoda porque toca el corazón del diseño institucional costarricense: si el requisito legal es exigible o si basta con que el Poder Ejecutivo se autoautorice por decreto.
El detalle que la cobertura extranjera destaca, y que conviene no perder de vista, es la cronología. El 11 de julio de 2024, cuando Chaves era presidente y Fernández ministra de la Presidencia, ambos firmaron el Decreto Ejecutivo 44637-MP, que modificó las disposiciones sobre otorgamiento de grados policiales en la DIS y en la Unidad Especial de Intervención. La denuncia sugiere que esa reforma reglamentaria pudo preparar el terreno para designaciones que la ley no permitía. No es una acusación probada, pero es el hilo que el artículo deja a la vista: primero se ajusta la norma inferior, después se nombra a quien no cumple la superior. Si esa secuencia se confirma, el problema no sería un funcionario sin rango, sino un método.
Lo que el encuadre deja fuera también merece mención. El segundo titular del día, del mismo medio, informa que siete países lanzaron en Costa Rica una estrategia para frenar la expansión del gusano barrenador del ganado. Es una noticia de cooperación técnica, de sanidad animal, de fronteras que se coordinan. No aparece en el mismo párrafo que la denuncia penal, y sin embargo ambas cosas ocurren el mismo día en el mismo país. La prensa internacional tiene derecho a jerarquizar: un escándalo de inteligencia vende más que una campaña veterinaria. Pero el lector atento debería notar que Costa Rica, en la mirada de afuera, es a la vez un país que exporta cooperación regional y un país cuyas instituciones de seguridad están siendo cuestionadas por la vía penal. Las dos cosas son ciertas. La pregunta es cuál de las dos define el momento.
La respuesta, con franqueza, es que ninguna lo define todavía. La denuncia es una denuncia: el diputado pide que se investigue, no que se condene. La Fiscalía deberá establecer si hubo informes jurídicos que respaldaran la decisión, si existió una certificación de rango y cuándo se otorgó, y si los jerarcas conocían la ausencia del requisito antes de que el nombramiento entrara en vigor el 1.º de junio de 2026. Hasta entonces, lo único verificable es lo que el propio Gobierno admitió: que su director de Inteligencia no tiene rango policial. Eso no es un delito en sí mismo, pero es un hecho que la ley, tal como está escrita, no parece permitir. La prensa extranjera lo cuenta sin adornos y sin veredicto. Hace bien. El veredicto, si llega, será costarricense.