La prensa internacional que hoy observa a Costa Rica desde sus redacciones en el exterior parece haber firmado un acuerdo silencioso: por un día, al menos, el país no será el escenario de un crimen pasional ni un femicidio, ni el territorio donde el crimen organizado desafía la autoridad estatal. En su lugar, los titulares que dominan la agenda extranjera sobre el país se dividen en dos registros casi antagónicos. Por un lado, el informe de riesgo país de la SECMCA, elaborado con datos de Fitch, Moody’s y S&P, pinta un retrato de solidez fiscal y crecimiento económico que sitúa a Costa Rica como la excepción virtuosa en una región acostumbrada a la inestabilidad. Por otro, los medios repiten alertas sanitarias y sociales que, aunque reales, no dejan de ser parciales: el impacto de El Niño en la salud pública, la exposición cibernética del país o la persistencia de brechas sociales que, en otros contextos, serían el foco principal.
El contraste es revelador. El informe de la SECMCA no es un ejercicio de autocomplacencia: reconoce que la deuda pública superó los 77 mil millones de dólares en enero de 2026, con un aumento interanual del 9,95%, y que el servicio de la deuda sigue siendo un lastre. Pero lo hace para subrayar que, gracias a la regla fiscal y al crecimiento de los ingresos, el país ha logrado contener el déficit y reducir la relación deuda/PIB. Las calificadoras, citadas textualmente en el informe, destacan la "fortaleza institucional" como un pilar de estabilidad, un concepto que, en el lenguaje económico, suele ser un eufemismo para lo que otros países llaman "capacidad de gobernar sin caer en el caos". Que Costa Rica ocupe el segundo lugar en resiliencia cibernética en Centroamérica y el Caribe —solo por detrás de República Dominicana— es, en este contexto, una métrica más de esa misma narrativa: la de un país que, pese a todo, logra mantenerse en la senda de lo predecible.
Sin embargo, la mirada extranjera no se detiene ahí. Los titulares que acompañan al informe económico dibujan un país distinto, o al menos uno que no encaja del todo en el molde de la excepcionalidad virtuosa. La alerta por El Niño y sus efectos en la salud —riesgos cardiovasculares, respiratorios y renales— es un recordatorio de que la estabilidad macroeconómica no necesariamente se traduce en bienestar cotidiano para la población. Que el país eleve al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, como destaca otro titular, suena a logro técnico, pero no dice nada sobre la calidad de esas obras ni sobre las condiciones en las que se ejecutan. Y que Laura Fernández, primera costarricense al frente del Sistema de Integración Centroamericana, defienda la pensión vitalicia para expresidentes en un momento en que el discurso público global apunta a la austeridad, es una contradicción que la prensa internacional no pasa por alto, aunque no siempre la profundice.
Lo que la mirada de afuera omite hoy es, justamente, la conexión entre estos dos relatos. No hay en los titulares un puente que una la solidez fiscal con las alertas sanitarias o la exposición cibernética. No se pregunta, por ejemplo, cómo afecta la regla fiscal a la capacidad del Estado para invertir en adaptación climática o en ciberseguridad, dos áreas donde los riesgos son crecientes. No se cuestiona si el crecimiento económico, impulsado por la inversión extranjera y las exportaciones de servicios, está generando empleo de calidad o si, como en otros países de la región, el auge de ciertos sectores está profundizando desigualdades. La prensa internacional, en su afán por encajar a Costa Rica en un relato de éxito, prefiere no complicar el guión.
Hay, sin embargo, un detalle que podría ser la semilla de un cambio en ese encuadre. El informe de la SECMCA advierte que eventuales cambios políticos tras las elecciones presidenciales podrían incidir en revisiones negativas de la calificación crediticia. Es una mención breve, casi protocolaria, pero significativa: por primera vez en mucho tiempo, la estabilidad política no es dada por sentada. Que las agencias de calificación estén atentas a la polarización y al estancamiento no es un dato menor. En un país donde el bipartidismo se resquebraja y las encuestas muestran un electorado cada vez más fragmentado, la pregunta que la prensa internacional no formula —pero que podría empezar a hacer— es si la solidez fiscal y el crecimiento económico son suficientes para sostener la excepcionalidad costarricense cuando la política vuelva a ser, como siempre lo ha sido, un campo de batalla.