La prensa internacional que cubre Nicaragua ha optado hoy por un encuadre que merece examinarse con atención, porque revela tanto por lo que subraya como por lo que deja en suspenso. Infobae América publica cifras de inflación del Consejo Monetario Centroamericano —3.72 por ciento interanual en mayo, una desaceleración respecto a años anteriores— pero el verdadero interés del reportaje no reside en los números mismos, sino en cómo se entretejen con una observación política más amplia.
El dato económico es, en apariencia, positivo. Nicaragua ha logrado bajar la inflación desde los picos de 12 por ciento en 2022. La variación mensual fue incluso negativa en mayo, con una caída de 0.08 por ciento. Siete de las doce divisiones de la canasta de precios registraron disminuciones, particularmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Por el criterio estrictamente técnico, esto podría leerse como estabilidad macroeconómica, como una economía que funciona. Pero aquí es donde el encuadre de Infobaa introduce una tensión deliberada.
El medio inserta, sin dramatismo pero con precisión, una observación que desactiva la lectura ingenua de los números: estos datos emergen de "un contexto marcado por el control político ejercido por el régimen de Daniel Ortega" y ocurren bajo "una política de alta concentración de poder y restricciones a la transparencia institucional". No es una acusación marginal ni una advertencia de pie de página. Es una premisa que reenmarca todo lo que viene después.
Lo que la prensa internacional está haciendo aquí es plantear una pregunta incómoda que no formula explícitamente: ¿qué significa que una economía muestre estabilidad de precios bajo un régimen autoritario con monopolio sobre la información? El reportaje cita al Instituto Nacional de Información de Desarrollo como fuente de los datos, pero añade que "la situación económica de los hogares sigue condicionada por el entorno político y el acceso limitado a información independiente". En otras palabras: confía en los números, pero no confíes en el contexto en el que se producen.
Hay un segundo movimiento en el encuadre que vale la pena notar. El artículo dedica espacio considerable a detallar qué rubros subieron y bajaron, cuáles fueron las contribuciones puntuales, cómo evolucionó la inflación subyacente. Es un análisis técnicamente riguroso. Pero luego añade una reflexión que suena casi como una pregunta retórica: "La vigilancia de los indicadores macroeconómicos se ha tornado fundamental para entender la dinámica interna de Nicaragua". Fundamental, dice. Como si los números fueran ahora la única ventana disponible para comprender qué ocurre en el país, porque otras fuentes de información —prensa independiente, reportes de organismos civiles, voces de la calle— han sido clausuradas.
El encuadre, en suma, no desconfía de los números. Los acepta, los analiza, los contextualiza. Pero los presenta como lo que son en realidad: indicadores estadísticos que emergen de un régimen donde la transparencia institucional es limitada y el poder está concentrado. No es una inflación cualquiera. Es la inflación de Nicaragua bajo Ortega. Y esa diferencia, aunque sutil en la redacción, es sustancial en el significado.
Lo que la prensa internacional omite, sin embargo, merece atención igual. No hay análisis de por qué la inflación bajó, qué políticas específicas la contuvieron, si hubo sacrificios ocultos en el empleo o en los salarios reales, si la estabilidad de precios benefició de manera equitativa a la población o si se concentró en ciertos sectores. El reportaje constata que Recreación y cultura subió 5.65 por ciento mientras Alimentos bajó, pero no reflexiona sobre qué significa esa divergencia en términos de acceso real a bienes esenciales. Tampoco hay voz de economistas independientes, de hogares nicaragüenses, de sectores afectados. Los datos hablan solos, pero hablan en una lengua que solo los técnicos pueden interpretar.
Este es el encuadre del día: la prensa internacional está diciendo que Nicaragua tiene inflación controlada, pero que esa información llega envuelta en una advertencia silenciosa sobre la fuente de la que proviene y el régimen bajo el cual se produce. No es escepticismo radical. Es, más bien, una forma de honestidad incómoda: aceptamos los números, pero no podemos aceptar que sean transparentes, porque el país que los genera no lo es.