La prensa internacional que cubre Bolivia hoy celebra una métrica que, examinada de cerca, resulta engañosa: el colapso de los bloqueos de menos de una docena. Infobae América reporta la cifra como un signo de alivio, casi como el punto de inflexión donde la normalización comienza. Pero la misma crónica que subraya ese descenso desde casi cien puntos de corte contiene un detalle que desmorona la narrativa de resolución: el Gobierno aún no ha entrado al Trópico de Cochabamba, donde los seguidores de Evo Morales mantienen activas las protestas más organizadas y resistentes.
Lo que revela este encuadre es una jerarquía tácita en lo que se considera "crisis resuelta". Para la mirada extranjera, la reducción de bloqueos en carreteras principales, la normalización de abastecimiento en mercados urbanos de La Paz, el retorno a la circulación de bienes y personas en las arterias económicas visibles, equivale a victoria. Una comerciante en la feria de Garita de Lima declara que "ya no nos peleamos para comprar", y eso se convierte en el símbolo de que Bolivia respira de nuevo. El estado de excepción funciona, en este relato, como una herramienta que funciona.
Pero la prensa internacional omite o minimiza una verdad incómoda que el mismo texto contiene: el Gobierno apenas ha comenzado a planificar cómo despejar la región donde la resistencia es más profunda y menos urbana. El ministro de Gobierno anuncia que "hoy" se reunirán militares y policiales para "planificar" el ingreso, sin precisar fecha. Es decir, el conflicto no está resuelto; está contenido en geografía que la prensa extranjera, basada en capitales, puede ignorar con mayor facilidad.
Hay aquí un patrón que se repite en la cobertura internacional de crisis en América Latina: la normalización de las grandes ciudades se lee como normalización nacional. La capacidad del Estado para restaurar el orden en espacios que importan económicamente se confunde con la resolución de las causas que generaron el estallido. Infobea menciona de pasada que los bloqueos causaron al menos diecisiete muertes, la mayoría por falta de atención médica, pero esa cifra no parece pesar en la ecuación de lo que significa "alivio".
Lo que la cobertura extranjera también subraya, sin darle el peso que merece, es que Rodrigo Paz enfrenta un dilema fiscal casi insuperable. El FMI proyecta una contracción del PIB de entre uno y tres por ciento para 2026, la inflación ronda el veinte por ciento, y el Gobierno carece de margen para concesiones. El decreto que eliminó subsidios a combustibles fue el detonante de todo esto, y ese decreto sigue en pie. Las "mesas de trabajo sectoriales" que el Gobierno ofrece a cambio de la suspensión de protestas son, en realidad, negociaciones sin recursos reales para distribuir.
El verdadero encuadre que falta en la prensa internacional es este: Bolivia no ha resuelto nada. Ha ganado tiempo mediante represión selectiva, ha despejado carreteras principales, ha logrado un acuerdo con una central obrera que representa a sectores urbanos. Pero la crisis estructural que Paz heredó en noviembre sigue intacta, y ahora el Gobierno debe enfrentar tanto a las fuerzas que lo respaldan como a las que lo desafían, sin dinero para satisfacer a ninguna. El estado de excepción es, en ese sentido, menos una solución que una pausa que el relato internacional confunde con victoria.