La prensa internacional que hoy se ocupa de Nicaragua ha girado, sin anunciarlo, hacia un territorio menos espectacular pero más revelador: el de la fragilidad cotidiana de quienes escaparon. No es la represión política lo que ocupa la portada, ni siquiera la cifra de exiliados, sino el modo en que la vulnerabilidad de los migrantes nicaragüenses se convierte en materia prima para nuevas formas de explotación.
El reportaje de Infobea América sobre las estafas a través de perfiles falsos de abogados merece atención precisamente porque desplaza la narrativa desde lo que Nicaragua hace a sus ciudadanos hacia lo que sucede con ellos una vez que logran escapar. Una mujer que pierde casi siete mil dólares tratando de liberar a su hermano detenido por ICE no es una víctima de la represión orteguista, al menos no de forma inmediata. Es víctima de algo más complejo: de la desesperación que el régimen genera, pero que prospera en el vacío legal y en la precariedad migratoria de Estados Unidos.
Lo que la cobertura extranjera subraya, con una cierta frialdad profesional, es que los estafadores no inventan la demanda. Existe porque existe la detención migratoria. Existe porque existen hermanos, padres, hijos atrapados en el sistema de ICE. Existe porque una persona desesperada es, por definición, una persona dispuesta a creer. Los criminales que suplantaban la identidad de la abogada Janett Cardiel no estaban creando un problema; estaban parasitando uno que ya existía.
Lo interesante desde la perspectiva del encuadre extranjero es que esta historia, aunque se origina en la vulnerabilidad generada por Nicaragua, se resuelve casi enteramente en Estados Unidos. Las recomendaciones de la FTC, las advertencias sobre métodos de pago, las instrucciones sobre cómo verificar licencias en bases oficiales del Departamento de Justicia: todo ocurre en territorio estadounidense, con herramientas estadounidenses. Nicaragua aparece en el relato únicamente como el lugar de procedencia de las víctimas, como la razón por la cual esas personas están en peligro, pero no como un actor en la solución.
Hay una ironía que la prensa extranjera no explícita pero que flota bajo la superficie: mientras el régimen de Ortega y Murillo consolida su control sobre quienes permanecen en el país, las estructuras de protección y prevención del fraude migratorio que podrían beneficiar a los nicaragüenses desplazados dependen completamente de instituciones estadounidenses. La comunidad migrante nicaragüense, según reporta Infobea, debe recurrir a "organizaciones que acompañan" y a bases oficiales estadounidenses para defenderse. No hay aquí ni siquiera la ilusión de que Nicaragua pueda intervenir.
El ángulo que la cobertura internacional enfatiza es, en el fondo, el de la desprotección total. No solo porque el régimen expulsa a sus ciudadanos, sino porque una vez expulsados quedan en una zona gris donde ni el país de origen ni el de destino pueden garantizar seguridad. Caen en manos de estafadores que operan desde las grietas del sistema, usando redes sociales y criptomonedas, imposibles de rastrear. El reportaje menciona que las autoridades aconsejan conservar capturas de pantalla y denunciar, pero la pregunta que flota sin respuesta es: ¿a quién se denuncia cuando el crimen ocurre entre jurisdicciones, cuando las víctimas no tienen estatus legal claro, cuando la confianza en instituciones ya ha sido erosionada por la experiencia de huir?
Lo que distingue este encuadre de las narrativas anteriores sobre Nicaragua es que no trata de lo que el Estado hace, sino de lo que el Estado no hace: no protege, no regula, no ofrece alternativas legales que no requieran cruzar fronteras. Y una vez que sus ciudadanos cruzan, la responsabilidad de protegerlos cae sobre instituciones que no tienen obligación alguna con Nicaragua. Es un cuadro de abandono de múltiples capas, y la prensa extranjera lo reportea con la precisión de quien observa un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar: excluyendo a los más vulnerables.