La prensa internacional que cubre Perú ha encontrado en el balotaje presidencial un escenario que revela algo incómodo sobre cómo lee los conflictos electorales en América Latina: la tendencia a asumir que la impugnación de resultados es siempre un síntoma de debilidad democrática, cuando en realidad puede ser también una expresión legítima de desconfianza institucional, aunque sea instrumentalizada de manera oportunista.
France 24, en su cobertura de las insistencias de Roberto Sánchez para anular el voto en el exterior, estructura la noticia de un modo que merece examinarse. El encuadre es equilibrado en apariencia: reporta los números con precisión, cita al candidato en rueda de prensa con corresponsales extranjeros, menciona que las misiones de observación internacional no han visto irregularidades graves. Pero hay algo en el orden de los hechos y en lo que se subraya que construye una narrativa particular.
Lo que sobresale es que Sánchez aparece como quien cambia de criterio según le conviene. France 24 anota, con cierta ironía implícita, que ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de no enviar digitalmente los resultados de las actas en el exterior. Esa observación es justa, pero también incompleta. El medio no profundiza en una pregunta más incómoda: ¿por qué las autoridades electorales peruanas tomaron esa decisión de cambio normativo, y quién la solicitó? Sánchez afirma que fue a solicitud de la Cancillería. France 24 no verifica esa aseveración ni la descarta, simplemente la deja suspendida en el aire.
Lo que la prensa extranjera tiende a omitir en casos como este es que la impugnación de procedimientos electorales no es automáticamente ilegítima solo porque sea presentada por quien está perdiendo. En Perú, como en otros países de la región, hay un historial de cambios normativos en materia electoral que sí han respondido a intereses políticos. Que Sánchez sea oportunista no invalida necesariamente sus preguntas sobre la cadena de custodia. Pero la cobertura internacional, al subrayar su cambio de posición, tiende a descartar sus argumentos como maniobra táctica antes de examinarlos en serio.
Hay otro aspecto que merece atención: el voto en el exterior. France 24 reporta que Fujimori obtuvo un 63,4% de los sufragios emitidos fuera del país, con especial amplitud en Estados Unidos, Chile, Argentina, España y Japón. Ese dato es crucial, pero la cobertura no lo contextualiza. ¿Quiénes son los peruanos que votan en el exterior? ¿Cuál es su perfil socioeconómico? ¿Hay un sesgo de clase o generacional en esa diferencia de casi 78.000 votos? La prensa internacional rara vez plantea esas preguntas porque hacerlo requeriría analizar estructuras de desigualdad y migración, no solo comportamiento electoral.
Lo que emerge de todo esto es un patrón familiar en la cobertura extranjera de América Latina: cuando un candidato de izquierda pierde por poco y cuestiona procedimientos, la narrativa tiende a enfatizar su debilidad institucional y su falta de respeto por los resultados. Cuando un candidato de derecha lo hace, el encuadre es frecuentemente más matizado, más atento a las complejidades procedimentales. No es que France 24 sea hostil a Sánchez; es que la prensa internacional, en general, ha internalizado una jerarquía de legitimidad en la que la izquierda latinoamericana debe demostrar su respeto por las instituciones de manera más rigurosa que otros.
Perú está a la espera de una resolución que probablemente no llegará. Sánchez seguirá movilizando, Fujimori seguirá acumulando votos, y la prensa extranjera seguirá reportando todo esto como un drama de instituciones débiles, cuando en realidad lo que está en juego es algo más profundo: la pregunta de quién tiene derecho a cuestionar los procedimientos, y bajo qué condiciones esa cuestión es considerada legítima o simplemente ruido político.