La prensa internacional, representada hoy por France 24, enfrenta un dilema narrativo que revela algo fundamental sobre cómo Occidente observa las crisis electorales en América Latina: la dificultad de distinguir entre impugnación legítima e impugnación táctica cuando ambas visten el mismo uniforme procesal.
Roberto Sánchez ha escalado su estrategia. No se trata ya de cuestionar actas específicas, sino de anular un segmento completo del electorado: los aproximadamente 300.000 peruanos que votaron en el extranjero. Y aquí reside el nudo que la cobertura extranjera debe desentrañar con precisión. Sánchez argumenta irregularidades en la cadena de custodia tras un cambio normativo en cómo se transportaron las actas desde el exterior. Las misiones internacionales de observación, según reporta France 24, no han identificado fraude grave. Pero el candidato perdedor insiste, y esa insistencia es lo que merece análisis.
Lo que resulta notable es que France 24 registra un hecho que relativiza la credibilidad de la denuncia: ni Sánchez ni su partido cuestionaron antes de la votación la decisión de cambiar el procedimiento de digitalización. Solo después, cuando los números se volvieron desfavorables, emergió la alarma sobre custodia y seguridad. Esto no invalida necesariamente los argumentos técnicos, pero sí introduce una sospecha sobre su origen temporal. La prensa extranjera lo anota sin dramatismo, lo cual es correcto, pero también sin enfatizar suficientemente lo que esa cronología sugiere: que la impugnación persigue un objetivo político, no la pureza electoral.
El contraste geográfico que France 24 subraya es igualmente revelador. Fujimori arrasó entre peruanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, Chile, Argentina, España y Japón, mientras que Sánchez dominó las regiones andinas del interior. Este mapa no es accidental. Sugiere que los peruanos que emigraron, frecuentemente de sectores más acomodados o profesionales, votaron diferente a quienes permanecieron en zonas rurales. Anular el voto del exterior no es, entonces, una corrección técnica: es un acto de selección política disfrazado de procedimiento.
La prensa internacional debe ser clara sobre esto. Cuando un candidato que pierde por 41.633 votos propone anular 300.000 sufragios porque supuestamente viajaron mal custodiados, pero las autoridades electorales internacionales no vieron fraude, y las misiones de observación guardaron silencio sobre irregularidades graves, el encuadre correcto no es el de una batalla técnica legítima. Es el de una disputa donde la legalidad se invoca como herramienta para revertir un resultado electoral incómodo.
Lo que France 24 captura, sin decirlo explícitamente, es que Sánchez está jugando un juego institucional que conoce bien: la justicia electoral peruana es lenta, está regulada por tasas económicas que los partidos pueden o no pagar, y los plazos se estiran. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, la gobernabilidad se erosiona, y la narrativa internacional sigue a la crisis como si fuera un fenómeno natural en lugar de una decisión política.
La pregunta que la cobertura extranjera evita formular es incómoda pero necesaria: ¿en qué momento la impugnación de resultados electorales deja de ser un derecho democrático y se convierte en obstrucción institucional? Perú está en ese umbral, y la prensa internacional, al reportar los argumentos de Sánchez con ecuanimidad profesional, corre el riesgo de normalizar una práctica que, si se generaliza, vuelve ingobernable cualquier democracia. France 24 informa correctamente. Pero la precisión de los hechos no debe confundirse con la neutralidad frente a lo que esos hechos revelan sobre la salud de las instituciones peruanas.