La prensa internacional ha descubierto en Argentina una de esas historias que parece extraída de un manual de colapso institucional: policías que portan armas de servicio mientras conducen aplicaciones de transporte porque sus salarios no alcanzan para vivir. The Guardian, que lidera la cobertura hoy, no está contando simplemente un caso de precariedad laboral. Está trazando una línea causal entre el ajuste económico de Milei, la desesperación de los trabajadores de seguridad y un aumento documentado en muertes causadas por efectivos fuera de servicio.
El encuadre es brutal en su claridad. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales citados por el medio británico, el 75% de las muertes causadas por policías usando armas de servicio en 2025 ocurrieron cuando estaban fuera de turno. De esas, aproximadamente el 13% involucraba a conductores de rideshare. Dieciséis casos en 2025 versus dos en 2020. The Guardian no presenta esto como anécdota sino como tendencia estructural, como síntoma de un sistema que se desmorona por sus propias contradicciones.
Lo que la prensa extranjera subraya es la paradoja performativa que caracteriza al gobierno Milei: un presidente que expresa "fervent support" a las fuerzas de seguridad mientras sus políticas de austeridad empujan a esos mismos policías a trabajos secundarios. Un oficial federal gana alrededor de 44.000 pesos en un turno extra de ocho horas, o puede hacer 42.000 pesos en cuatro horas de Uber. Como dice Diego, el policía entrevistado, es "just maths". Pero The Guardian ve más allá de la aritmética: ve un gobierno que alaba públicamente a oficiales que usan la fuerza de manera "disproportionate", como advierte Victoria Darraidou de Cels, mientras simultáneamente los sume en la precariedad que los obliga a portar armas en contextos de riesgo descontrolado.
El medio británico también rastrea la genealogía de esta permisividad. Menciona a Patricia Bullrich, entonces ministra de seguridad, ahora senadora del partido de Milei, quien defendió públicamente a Luis Oscar Chocobar, el policía condenado por homicidio agravado en 2021 y luego amnistiado en 2024. Bullrich amplió las circunstancias en que los oficiales pueden intervenir y usar fuerza. Cels documenta que esto ha contribuido a un aumento del 40% en muertes a manos de policías en los últimos dos años.
Lo que emerge del relato de The Guardian es una Argentina donde la retórica de seguridad del gobierno choca frontalmente con sus políticas económicas, generando un vacío donde prospera la violencia. No se trata de que Milei sea incompetente o hipócrita, aunque quizá lo sea. Se trata de que el ajuste radical, combinado con una doctrina de apoyo incondicional a las fuerzas de seguridad, crea las condiciones exactas para que policías desesperados tomen decisiones letales sin planificación ni apoyo institucional. Un oficial de la policía bonaerense entrevistada resume la trampa: "Nuestros salarios son demasiado bajos, lo que también nos obliga a tomar préstamos, y luego vivimos de préstamo en préstamo".
La prensa internacional no está diciendo que Milei sea responsable de cada tiroteo. Está diciendo algo más inquietante: que ha creado un sistema donde la violencia policial se vuelve estadísticamente predecible, casi inevitable. Y que mientras tanto, sigue elogiando públicamente a los policías que matan.