La prensa internacional ha trasladado su mirada sobre Uruguay desde el terreno de juego hacia la sala de tribunales, y en ese desplazamiento revela algo que merece examen: el país sudamericano solo interesa cuando encarna una de dos narrativas predeterminadas. Primero fue la insuficiencia deportiva. Ahora es el capo de la droga.
Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo cuyo juicio comienza en enero de 2027 en Virginia, se ha convertido en el protagonista de la cobertura internacional sobre Uruguay. Infobae América reporta que el acusado se declaró inocente de cuatro delitos que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína en alta mar y lavado de dinero, delitos que podrían resultar en cadena perpetua. La noticia es legítima, por supuesto. Marset es una figura de relevancia regional: está vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue capturado en Bolivia tras meses de búsqueda, y Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por su localización.
Pero el encuadre que la prensa extranjera aplica a este caso revela un patrón que excede los hechos puntuales. Marset no aparece como un problema de seguridad interna uruguaya, ni como un síntoma de debilidades institucionales que Uruguay podría reconocer y enfrentar. Aparece como un criminal internacional capturado, juzgado y procesado por Estados Unidos, en territorio estadounidense, bajo jurisdicción estadounidense. Uruguay, en este relato, es apenas el país de origen del acusado, un detalle biográfico sin mayor peso analítico.
Lo que la cobertura omite es tan significativo como lo que subraya. No hay reflexión sobre cómo un capo de esa envergadura logró operar durante años desde Bolivia bajo otra identidad. No hay análisis sobre qué significa para Uruguay que uno de sus narcotraficantes más buscados haya escapado de operativos de captura y permanecido prófugo. No hay preguntas sobre la capacidad de las instituciones uruguayas para gestionar este tipo de amenazas. En cambio, la narrativa se centra en los detalles del proceso penal estadounidense: los cambios de estrategia legal, las acusaciones de violación de derechos, la fecha del juicio.
Marset mismo ha adoptado una estrategia defensiva que incluye denuncias por presuntos actos de extorsión de agentes de la DEA y afirmaciones sobre irregularidades en su detención en Bolivia y traslado a Estados Unidos. Según reporta Infobaa, en una carta manuscrita desde el Centro de Detención de Alexandria sostiene que sus derechos fueron vulnerados desde el momento de su captura, que fue arrestado sin orden judicial y que su expulsión no siguió proceso legal alguno. Alega también que fue interrogado sin asistencia legal y que recibió amenazas durante el procedimiento.
Estos detalles procedimentales son relevantes para el caso, sin duda. Pero la forma en que la prensa internacional los presenta tiende a convertir a Uruguay en un escenario secundario de un drama judicial estadounidense. El país no aparece como un actor con preocupaciones propias sobre la criminalidad transnacional que lo afecta, sino como el lugar de donde proviene un acusado cuyo destino se decide en otra parte.
Hay una ironía incómoda en este desplazamiento. Uruguay, durante años, ha sido presentado por la prensa internacional como un oasis de estabilidad democrática y gobernanza en América Latina. Esa imagen construida contrasta ahora con la realidad de que el país ha sido incapaz de contener a figuras como Marset, que ha servido de base operativa para redes criminales que alcanzan escala regional. La prensa extranjera no parece interesada en explorar esa contradicción. Le basta con reportar el caso como un episodio más del crimen transnacional latinoamericano, donde Uruguay es apenas una coordenada geográfica en un mapa más amplio.