La prensa internacional que hoy se detiene en Costa Rica lo hace desde un ángulo que expone una paradoja incómoda: la de un país que ha construido su marca global sobre la estabilidad institucional y ahora debe suplicar a su principal socio comercial que no lo castigue por una acusación que, según su propio argumento, no le corresponde. Infobae América reporta cómo el Gobierno costarricense ha presentado comentarios ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos solicitando ser excluido de aranceles del 12.5 por ciento impuestos bajo el argumento de que no ha tomado acciones suficientes para evitar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.
Lo que merece examen es qué revela este encuadre sobre cómo la prensa extranjera interpreta la posición de Costa Rica en el reordenamiento comercial que Trump está imponiendo. El relato de Infobae no es el de una nación que negocia desde una posición de fortaleza, sino el de un país que debe justificarse. La ministra Indiana Trejos afirma que Costa Rica no busca reemplazar la producción estadounidense sino reforzarla mediante cadenas de suministro regionales, que sus bienes forman parte de cadenas integradas que contribuyen a la seguridad y competitividad. Son argumentos defensivos, no propositivos. Son argumentos que aceptan el marco de la acusación y piden clemencia dentro de él.
Lo notable es que la prensa internacional no cuestiona la premisa de la investigación estadounidense ni examina si Costa Rica, efectivamente, ha sido negligente en materia laboral o si simplemente ha sido incluida en una lista de sesenta economías como parte de un ejercicio de presión comercial más amplio. Infobea simplemente reporta que Costa Rica está en la lista, junto a México, Argentina, Israel, Ecuador, El Salvador, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, y que ahora debe presentar argumentos en una consulta pública. El encuadre es neutro, administrativo, casi burocrático. Pero esa neutralidad oculta algo: la vulnerabilidad relativa de Costa Rica frente a Estados Unidos, incluso para un país que se supone ha hecho bien la tarea institucional.
La ministra subraya que la economía costarricense aporta a la seguridad y competitividad regional, que complementa los sectores productivos estadounidenses. Es el lenguaje de la interdependencia, pero también de la dependencia. Costa Rica no puede permitirse el lujo de un conflicto comercial abierto con su principal mercado. Debe negociar, argumentar, demostrar. La prensa extranjera registra este movimiento sin ironía, pero la ironía está ahí: un país que durante décadas ha sido presentado internacionalmente como modelo de democracia y estabilidad ahora debe convencer a Washington de que sus cadenas de suministro son limpias, que sus controles laborales son suficientes, que merece un trato diferenciado.
Lo que la cobertura internacional omite, o apenas roza, es una pregunta más profunda: si Costa Rica, con su reputación internacional, su sistema institucional relativamente robusto y su integración en cadenas comerciales regionales, puede ser incluido en una lista de países sospechosos de negligencia laboral, qué significa eso para el resto de América Latina. El encuadre de Infobea es local, centrado en la gestión costarricense de su defensa comercial. Pero el contexto que subyace es el de un reordenamiento de poder en el que incluso los aliados históricos deben justificarse.
El resultado de este proceso de consulta determinará si Costa Rica mantiene el acceso preferencial que le garantiza el CAFTA-DR. Pero lo que ya está determinado, según la mirada extranjera, es que la negociación comercial en el nuevo orden estadounidense no es un asunto de reglas claras sino de capacidad de persuasión, de argumentación, de demostración de utilidad. Costa Rica está haciendo lo que debe hacer. La prensa internacional simplemente documenta que debe hacerlo.