La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras como un país donde la pobreza es, ante todo, un problema de precios. Infobae América reporta sin ambigüedad que la canasta básica alimentaria subió 800 lempiras en el último año, que el frijol rojo pasó de 2,200 a 2,400 lempiras el quintal en pocos días, que el huevo se encarece, que la papa y la lechuga sufren presiones inflacionarias. El encuadre es el de una economía doméstica en apuros: familias que deben destinar más dinero para adquirir los mismos productos, hogares con menores ingresos más afectados que otros, la dificultad de cubrir no solo comida sino también salud, educación, transporte y vivienda.
Lo que merece atención es la forma en que ese encuadre, siendo técnicamente preciso, traslada la responsabilidad de la crisis alimentaria hacia la esfera de la circulación y lejos de la de la producción y la estructura. Infobea cita con rigor a María Luisa García, directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria de la UNAH, quien identifica factores reales: sequía, costos de producción, mercados internacionales, transporte, fertilizantes. Pero el relato que emerge es el de una serie de presiones externas y técnicas que actúan sobre los precios, no el de un modelo agrario que produce escasez, ni el de decisiones de política económica que priorizan el servicio de deuda sobre la inversión en producción local, ni el de una integración comercial que desplaza al pequeño productor.
La cifra que debería alarmar más aparece casi de pasada: hasta 2.8 millones de hondureños podrían enfrentar inseguridad alimentaria al cierre de 2026. Eso es más de la tercera parte de la población. Pero el relato que Infobea construye no pregunta por qué un país con territorio agrícola significativo, con tradición productiva, llega a ese punto. En cambio, detalla las variaciones semanales de precios, menciona operativos de supervisión en mercados y acuerdos con sectores productivos como si la vigilancia del especulador fuera la raíz del problema.
Hay un segundo encuadre implícito en los titulares de hoy que merece mención. Mientras Honduras enfrenta una crisis alimentaria de escala nacional, la prensa extranjera también reporta que el país "fortalece cooperación con la Unión Europea para modernizar gestión de fronteras", que "define estrategia Hambre Cero al 2035" y que autoridades "mantienen publicaciones periódicas sobre el comportamiento de los precios". El mensaje es el de un Estado que actúa, que planifica, que se alinea con socios internacionales. Pero la distancia entre esos anuncios y la realidad de 2.8 millones de personas sin acceso seguro a alimentos es tan vasta que sugiere una pregunta incómoda: ¿de qué sirve la modernización de fronteras si la población no puede comer?
La prensa internacional, al enfatizar los precios, las variaciones semanales y las acciones de vigilancia, ofrece un diagnóstico que es verdadero pero incompleto. Honduras tiene un problema de inflación alimentaria, ciertamente. Pero lo que ese encuadre tiende a ocultar es que Honduras tiene un problema estructural de producción, distribución y acceso que ningún operativo de supervisión en mercados resolverá. Y mientras la narrativa internacional sigue mirando hacia las variaciones de corto plazo, la inseguridad alimentaria sigue siendo el problema de largo plazo que ninguna estrategia "Hambre Cero al 2035" ha logrado detener.