🇭🇳 Honduras

La noticia sanitaria que hoy publica Infobae América sobre Honduras tiene una particularidad que conviene señalar de entrada: es, en rigor, la crónica de una muerte que todavía no cuenta. Una joven de diecinueve años falleció en Roatán tras ser diagnosticada con dengue grave, pero el caso permanece bajo investigación del comité de mortalidad, que deberá revisar el expediente clínico, los hemogramas y las manifestaciones clínicas antes de decidir si esa muerte se incorpora o no a las estadísticas oficiales. El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, lo explicó con la cautela del funcionario que prefiere no adelantar un número: oficialmente hay cinco decesos, dijo, y el de Roatán aún no es uno de ellos, aunque los médicos que atendieron a la paciente hayan consignado dengue grave en su diagnóstico.

Ese matiz —la diferencia entre una muerte ocurrida y una muerte contabilizada— es lo que distingue este despacho de la cobertura habitual sobre el dengue en la región, que suele despacharse con cifras redondas y adjetivos alarmantes. Aquí hay un procedimiento, un comité, una promesa de diagnóstico oficial. Es un periodismo que respeta el trámite, y eso merece reconocerse. Pero también es un periodismo que, al ceñirse al trámite, deja fuera de foco lo que el propio texto menciona de pasada: que las proyecciones epidemiológicas anticipaban un incremento de casos a partir de septiembre, que el año pasado el mismo período registraba unos tres mil contagios más, y que la reducción del veintitrés por ciento que celebra la Secretaría de Salud no impide que Honduras acumule diez mil setecientos casos en lo que va de 2025. La enfermedad sigue circulando, y la vigilancia sigue siendo la misma que el año anterior, con las mismas herramientas y los mismos hospitales.

Llama la atención, además, el reparto geográfico de los cinco fallecimientos confirmados: uno en Olancho, dos en Choluteca, dos en Tegucigalpa, y entre las víctimas un bebé de tres meses en la colonia Los Pinos. No hay un patrón único, no hay un foco identificable, no hay una explicación que el texto ofrezca sobre por qué el dengue golpea donde golpea. La prensa extranjera, en este caso, se limita a registrar el dato sin preguntarse por las condiciones que lo hacen posible: el acceso al agua, el almacenamiento doméstico, la fumigación, la capacidad de respuesta de los centros de salud en zonas como Roatán, donde la joven tuvo que ser referida de un establecimiento ambulatorio a un hospital porque su condición requería hospitalización. Esa referencia es, en sí misma, una pista sobre la infraestructura sanitaria del país, pero el artículo la trata como un detalle administrativo.

El segundo titular del día, cortesía también de Infobae América, informa que la Alcaldía capitalina destinará más de veintiocho millones de dólares a prevención y reducción de riesgos. Es una cifra considerable, y el hecho de que aparezca el mismo día que la noticia del dengue en Roatán invita a una lectura que el medio no hace: la prevención de desastres y la prevención de enfermedades transmitidas por vectores comparten territorio, presupuesto y urgencia, pero rara vez se piensan juntas. La prensa extranjera las presenta como dos notas separadas, dos gavetas distintas, cuando en la vida real de los hondureños —sobre todo en los barrios donde el agua se almacena en recipientes y las lluvias desbordan las quebradas— son el mismo problema con dos nombres.

No es un día de grandes revelaciones sobre Honduras. Es un día de gestión, de comités, de cifras que suben y bajan, de un bebé de tres meses y una joven de diecinueve años cuyas muertes, confirmadas o no, ya ocurrieron. La mirada extranjera, hoy, es la de un observador disciplinado que anota lo que las autoridades le dicen y no pregunta mucho más. Es una mirada correcta, pero es también una mirada que deja intacta la pregunta de fondo: por qué, en un país que reduce casos año tras año, siguen muriendo jóvenes y lactantes por una enfermedad que se previene con agua limpia y fumigación. Esa pregunta no aparece en el texto. Y sin ella, la crónica del dengue en Honduras se queda, como el caso de Roatán, en el limbo de lo que aún no se confirma.

El Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime y divulgado por Infobae América, coloca a Honduras en el puesto 13 del ranking mundial de criminalidad, con una puntuación global de 7.10, la extorsión más alta de Centroamérica —9.0 sobre 10— y una resiliencia institucional de apenas 3.92. El informe, que evalúa a 193 países, describe a Honduras, Panamá y Guatemala como los tres puntos más preocupantes del istmo, con Costa Rica como la excepción relativamente sólida. La noticia no es que Honduras aparezca mal en un índice internacional: eso ocurre con regularidad casi litúrgica. La noticia, si se puede llamar así, es el modo en que el dato se ha vuelto un género periodístico en sí mismo, con su propia sintaxis y sus propias omisiones.

El texto de Infobae América ensambla el diagnóstico con una precisión que merece examinarse. Cita el informe, lo contextualiza con la masacre número 26 del año —tres hombres asesinados en Quimistán, Santa Bárbara, según declaraciones del director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, al canal HCH Noticias—, y luego despliega una arquitectura de cifras que abarca desde la puntuación de actores criminales integrados en el Estado (8.5) hasta la penetración de grupos mafiosos (8.5), pasando por el mercado de cocaína (8.5). El panorama regional se completa con Panamá en el puesto 21, Guatemala en el 25, Costa Rica en el 58, Nicaragua en una categoría aparte por su resiliencia de 2.00 —una de las más bajas del planeta—, El Salvador con la mayor caída de criminalidad de la región y Belice cerrando la tabla. Es un texto denso, informado, útil. Y sin embargo, al leerlo con atención, emerge una pregunta que el propio índice no formula: ¿qué significa exactamente que Honduras tenga una puntuación de 9.0 en extorsión? ¿Qué se mide ahí? ¿La frecuencia del delito, su expansión territorial, la impunidad que lo rodea, la percepción de las víctimas, la capacidad estatal de respuesta? El informe de GI-TOC, como todos los índices, traduce realidades complejas en números comparables, y esa traducción, por necesaria que sea, pierde en el camino la textura de lo que describe.

Lo que el artículo sí ofrece, y conviene subrayar, es un dato que la prensa hondureña ha tratado con más cautela: la declaración del Consejo Nacional de Seguridad, del 19 de septiembre de 2026, que designó como organizaciones terroristas a tres grupos criminales, sin revelar sus nombres para no entorpecer operativos. La medida, anunciada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y atribuida al gobierno de Nasry Asfura, es un acto de reconocimiento implícito: el Estado hondureño admite que hay estructuras armadas que operan con lógica de insurgencia, no solo de delincuencia común. El índice lo confirma con su puntuación de 8.5 en actores integrados en el Estado, la misma que asigna a los grupos mafiosos. Es decir, la infiltración no es un rumor de oposición ni una exageración de organismos de derechos humanos: es una categoría analítica que una organización internacional con sede en Ginebra mide y publica.

El contexto regional que Infobae América añade al informe introduce un elemento que merece más atención de la que el artículo le concede. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó en agosto, durante una visita a Panamá, que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado que fuerzas de Estados Unidos participen en operaciones contra grupos criminales en su territorio. El gobierno de Guatemala rechazó esa versión: el presidente Bernardo Arévalo sostuvo en mayo que no existe ningún acuerdo y que solo el Congreso guatemalteco puede autorizar la presencia de tropas extranjeras. El artículo no dice si Honduras confirmó o desmintió la afirmación de Hegseth. Tampoco lo dice el gobierno hondureño, al menos no en el material citado. La omisión es significativa porque, en el mismo párrafo, el texto menciona que el Comando Sur estadounidense ha realizado 70 operativos desde septiembre de 2025, con al menos 235 víctimas mortales, según el conteo de Associated Press. La pregunta que el lector se queda sin responder es elemental: ¿participa Honduras en esas operaciones? ¿Autorizó el uso de su territorio? ¿O el silencio es la respuesta?

El artículo cierra con un dato que, leído en el contexto de los titulares que acompañan al informe, adquiere un peso inesperado. Belice cierra la tabla regional con 4 puntos, pero el texto se interrumpe abruptamente, como si la redacción hubiera decidido que el lector ya tenía suficiente. Los demás titulares de Infobae América sobre Honduras completan el cuadro: inundaciones que dejan 13 comunidades incomunicadas, represas que no superan el 60 por ciento y amenazan con racionamientos de agua en Tegucigalpa, un adolescente de 13 años encontrado sin vida, un líder religioso en prisión preventiva por violación agravada contra una menor, un juicio que avanza contra los acusados del asesinato del ambientalista Juan López, y una cifra que merece párrafo aparte: los hondureños tienen más de 840 horas sin recibir atención médica. Es decir, 35 días. Más de un mes de espera acumulada en un sistema de salud que, según el propio titular, no da abasto.

La maquinaria estatal, mientras tanto, mantiene 66 zonas habilitadas para atender emergencias por lluvias, según otro de los titulares. Es un dato que, puesto junto al del índice, dibuja una paradoja que la prensa extranjera no subraya: Honduras tiene capacidad operativa para desplegar recursos en 66 puntos del territorio cuando llueve, pero no logra contener la extorsión en ninguno de ellos cuando no llueve. La comparación es injusta, por supuesto: atender una inundación es una operación logística; desmantelar una red de extorsión es una guerra contra estructuras infiltradas en el propio Estado. Pero la injusticia de la comparación no la invalida como síntoma. El Estado hondureño funciona con eficacia relativa en la emergencia y con parálisis crónica en la seguridad. El índice de GI-TOC lo mide con precisión: 3.92 de resiliencia, contra 8.10 de actores criminales. La brecha no es un accidente estadístico. Es la definición operativa de un país donde el crimen organizado ha ganado la carrera por el territorio y por las instituciones, y donde la comunidad internacional, cada noviembre, publica el acta de la derrota con formato de informe ejecutivo.

Lo genuinamente nuevo hoy no es el diagnóstico, que se repite desde hace años con variaciones mínimas. Lo nuevo es la coincidencia de fechas: el índice se divulga en noviembre de 2025, pero Infobae América lo publica ahora, cuando el gobierno de Asfura acaba de declarar terroristas a tres grupos criminales sin decir cuáles, cuando la masacre 26 del año ya ocurrió, cuando el director de la Policía atribuye el crimen a una estructura que su institución conoce desde hace tiempo. La prensa extranjera no está descubriendo nada. Está confirmando, con la autoridad de un índice global, lo que el Estado hondureño admite a medias y la sociedad hondureña sabe sin necesidad de que se lo midan. La pregunta que queda flotando, y que ningún titular responde, es si el puesto 13 del ranking mundial sirve para algo más que para engrosar el archivo de diagnósticos sobre un país que lleva demasiado tiempo siendo diagnosticado sin ser transformado.

Hay días en que la prensa extranjera mira a Honduras y no encuentra nada que contar, salvo el clima. Hoy es uno de esos días: un único titular, cortesía de Infobae América, informa que el país mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y en el municipio de Alianza, en Valle, y alerta verde en Santa Bárbara, Copán, sectores de Choluteca y la ciudad de San Pedro Sula, ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos durante las próximas 48 horas. La medida, adoptada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, entró en vigencia a las 6:00 p. m. del sábado y tiene una duración prevista de dos días. El texto enumera comunidades con una minucia casi notarial —Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, El Borbollón, San Jesús, Capulín, Playa Grande, Conchal, Ojustal, Playitas, Calicanto, Laguna Seca, Naranjo, Valle Nuevo y Guatales, en Alianza; Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna y El Carrizo, en Choluteca— y reproduce con fidelidad el manual de recomendaciones de Copeco: no cruzar ríos ni quebradas crecidas, despejar desagües, vigilar grietas en el terreno, atender los canales oficiales.

No hay nada que objetar a ese texto. Es un servicio público, escrito con la sobriedad que el género exige, y sería mezquino reprocharle a un medio que informe sobre un riesgo real para comunidades reales. Pero conviene decir con franqueza lo que el titular revela cuando se lo lee como lo que es: la única ventana que la prensa internacional abrió hoy sobre Honduras es meteorológica. El país aparece, una vez más, como geografía vulnerable y nada más. Lluvia, alerta, precaución. La nación entera reducida a un mapa de colores y a una lista de barrios que podrían anegarse.

Hay una lógica en esa elección que no es casual. La emergencia climática es un marco cómodo: no exige contexto político, no obliga a explicar causas, no compromete a nadie. Se puede informar sobre una alerta amarilla sin mencionar por qué tantas comunidades siguen siendo vulnerables a la primera crecida, sin preguntar qué pasó con las obras de mitigación prometidas, sin señalar que la vulnerabilidad no es un accidente meteorológico sino una condición acumulada. El parte de Copeco, tal como lo reproduce Infobae, es impecable en su función preventiva y mudo en su función explicativa. Las lluvias caen sobre un país que el texto describe únicamente por su exposición al riesgo, nunca por su capacidad de respuesta más allá de la alerta.

Es cierto que el material disponible no da para más. Un solo artículo, y ese artículo es un boletín. La prensa extranjera que cubre Honduras tiene días de gran titular policial, días de balance vial y días de homicidio con liturgia completa; hoy tiene un aviso de lluvia. El panorama, en términos de agenda, apenas se ha movido: el país sigue entrando en las páginas internacionales por la puerta de la contingencia, sea delictiva, vial o climática. La diferencia de hoy es que la contingencia no tiene culpables ni víctimas identificables, solo comunidades en riesgo y una institucionalidad que recomienda precaución. Es, paradójicamente, la cobertura más amable que Honduras puede recibir: la que no le atribuye nada, ni siquiera sus problemas.

Vale la pena detenerse en ese matiz porque es el único genuinamente nuevo. Cuando el encuadre es la inseguridad, Honduras aparece como país violento; cuando es el tránsito, como país indisciplinado; cuando es la emergencia climática, como país frágil. Ninguno de esos marcos es falso, pero todos comparten un mismo rasgo: describen a Honduras por lo que le ocurre, no por lo que hace. El texto de Infobae menciona a Copeco, a las autoridades, a los organismos de emergencia, pero solo en su función de advertir y recomendar. No hay una sola línea sobre gestión, sobre prevención estructural, sobre lo que el Estado hondureño hace o deja de hacer entre una alerta y la siguiente. La lluvia, al final, es lo único que el país parece capaz de producir por sí mismo.

No se trata de exigirle a un boletín meteorológico un tratado de desarrollo. Se trata de notar que, en la economía global de la atención, Honduras solo existe cuando algo la amenaza desde afuera: el crimen, el accidente, el aguacero. Hoy le tocó el aguacero, y el aguacero, a diferencia del crimen, no admite interpretaciones moralizantes ni relatos de redención. Solo cabe esperar que las 48 horas pasen sin incidentes, que las comunidades enumeradas con tanta precisión no tengan que ser contadas mañana en otro parte, esta vez de daños. Y tomar nota de que, mientras tanto, el país sigue esperando una cobertura que alguna vez lo mire cuando no está lloviendo.