La prensa internacional suele abordar Honduras desde dos lentes opuestos: el de la inseguridad sistémica y el de la estabilidad institucional que sus autoridades logran proyectar hacia afuera. Hoy, sin embargo, el foco se desplaza hacia un problema que, aunque no es nuevo, rara vez gana tanto relieve en los medios extranjeros: el abuso sexual infantil y su persistencia como una sombra alargada sobre la infancia hondureña. Infobae América recoge la advertencia de Coiproden, que cifra entre 24 y 26 casos diarios de violencia sexual contra menores, un promedio que contrasta con las aproximadamente seis denuncias que, según sus cálculos, se formalizan cada día. La brecha entre el dato real y el registrado no es menor: habla de una normalización del silencio, de víctimas atrapadas en círculos de dependencia económica o familiar, y de una desconfianza en las instituciones que, para las organizaciones, solo se supera con más información y menos impunidad.
Lo llamativo no es la crudeza de las cifras —que, por sí mismas, bastarían para alarmar—, sino el modo en que el relato extranjero las presenta: como un síntoma más de un país que, pese a sus avances en materia de seguridad o cooperación internacional, arrastra problemas estructurales que ningún informe de evaluación financiera o reunión bilateral puede disimular. Mientras el Gafilat revisa protocolos contra el lavado de activos o la diplomacia estadounidense celebra la reducción de homicidios, el abuso sexual infantil emerge como un recordatorio incómodo: el Estado hondureño puede ser eficiente en algunos frentes, pero falla en lo más básico. La propuesta de ley que Coiproden presentará en agosto, centrada en prevención y detección temprana, es un gesto loable, pero también una confesión: las herramientas legales existen, pero la sociedad no confía en ellas lo suficiente para activarlas.
Lo que la prensa extranjera omite, o al menos no profundiza, es el contexto político que explica parte de esta parálisis. Honduras ha sido, en los últimos años, un laboratorio de políticas de mano dura y alianzas con actores internacionales que priorizan la estabilidad macroeconómica sobre los derechos sociales. En ese marco, problemas como el abuso infantil —que requieren inversión en educación, salud mental y sistemas de protección integral— suelen quedar relegados a un segundo plano, tratados como casos aislados en lugar de como fallas sistémicas. Las organizaciones lo advierten: el 10 de septiembre, cuando el país conmemore el Día del Niño, la discusión sobre esta ley no debería limitarse a su aprobación, sino extenderse a cómo se financiará y quiénes serán los responsables de aplicarla. La ironía, por supuesto, es que mientras el mundo celebra los índices de seguridad o los acuerdos con el FMI, los menores hondureños siguen contando los casos que nunca llegan a los tribunales. Y el reloj, como dice Coiproden, sigue marcando una hora cada seis minutos.