La prensa extranjera vuelve hoy sobre Honduras con una cifra que debería incomodar: más de 250 mujeres asesinadas en los últimos meses, según Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en información que publica Infobae América. El dato no es nuevo en su sustancia —la violencia feminicida es una constante que el país arrastra—, pero el encuadre que elige el medio sí tiene un matiz distinto: no se detiene en el conteo de cadáveres como espectáculo, sino que se interna en la geografía y en la sociología del fenómeno. Ese desplazamiento merece atención.
Lo primero que subraya el artículo es la distribución territorial. Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua y Olancho concentran los mayores niveles de incidencia, lo que desmiente la idea cómoda de que se trata de un problema de las dos grandes ciudades. La violencia alcanza municipios del interior donde el acceso a servicios de protección, atención y denuncia es más precario. Es una observación pertinente porque desplaza la responsabilidad desde el ámbito local hacia el diseño nacional de políticas públicas: si el fenómeno es nacional, la respuesta no puede limitarse a las urbes.
El segundo matiz, y quizá el más lúcido del texto, es el énfasis en la violencia cultural y en la dependencia económica como factores que incrementan la exposición. Ayestas señala que los patrones sociales que colocan a las mujeres en posiciones de subordinación, las restricciones a sus decisiones personales y la falta de ingresos propios dificultan que las víctimas identifiquen las agresiones, las denuncien o se alejen de quienes las ejercen. Infobae América recoge así una verdad incómoda: el feminicidio no comienza con el golpe, sino con el control económico y la subordinación cultural. La muerte violenta es la expresión extrema de un continuum que incluye amenazas, intimidación y violencia psicológica.
Hay, sin embargo, un silencio que el artículo no llena y que conviene señalar. El texto atribuye la cifra a una sola fuente —la directora del Observatorio— y no contrasta con datos oficiales del Ministerio Público ni con registros de la Secretaría de Seguridad. Tampoco menciona si existe una política pública en curso, un presupuesto asignado o una respuesta institucional concreta más allá de la genérica referencia a "las instituciones encargadas de la prevención". La prensa extranjera traza el diagnóstico con precisión, pero omite el mapa de responsabilidades: quién gobierna, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer. Es un periodismo que describe la herida sin preguntar por el cirujano.
El dato de que las jóvenes de 15 a 30 años sean el grupo más afectado es, quizá, el más perturbador. Ayestas lo formula con una frase que el artículo cita textualmente: "el factor de riesgo está en ser joven en temas de mujeres". Es una síntesis brutal y exacta. La juventud, que debería ser el tiempo de la proyección y la autonomía, se convierte en condición de vulnerabilidad. El texto lo dice con sobriedad, sin adjetivos, y esa contención lo hace más elocuente que cualquier denuncia grandilocuente.
La mirada extranjera, en suma, acierta hoy en el diagnóstico estructural y en la geografía del problema, pero se queda corta en la rendición de cuentas. Honduras no necesita que le expliquen de nuevo que la violencia contra las mujeres es grave; necesita que alguien pregunte, con nombre y apellido, por qué las instituciones siguen bajo presión sin que la presión produzca resultados. El editorial de Infobae América es un buen punto de partida, pero es solo eso: un punto de partida.