La prensa internacional vuelve hoy a Honduras con un encuadre que trae de vuelta un viejo fantasma: el del país incapaz de proteger a su población de amenazas elementales. No es la inseguridad criminal, no es la corrupción judicial, no es la vulnerabilidad ante desastres naturales. Es algo más básico aún: la salud pública como problema de confianza y de voluntad política.
Infobae América reporta que el Congreso Nacional analiza hacer obligatorio el carnet de vacunación infantil si continúan aumentando los casos de sarampión. El titular es claro, pero lo que importa es lo que subyace en la narrativa: Honduras es un país donde una enfermedad que había sido eliminada durante más de tres décadas ha reaparecido, donde ya hay transmisión comunitaria en el departamento de Cortés, y donde aparentemente una parte de la población no acude voluntariamente a vacunar a sus hijos a pesar de que el servicio es gratuito.
El diputado Roberto Cosenza, presidente de la Comisión de Salud, habla de "información falsa" sobre inmunización y de padres que "resisten" a vacunar. Habla de la necesidad de convertir en ley lo que debería ser un acto instintivo de protección. Y aquí es donde el encuadre extranjero toma forma: Honduras no es un país donde falla la capacidad de ofrecer vacunas, sino uno donde falla algo más profundo: la confianza institucional, la adhesión a las medidas de salud pública, la disposición de los ciudadanos a seguir recomendaciones de sus autoridades sanitarias.
Lo que la prensa internacional subraya, aunque no lo diga explícitamente, es que Honduras enfrenta un déficit de legitimidad que no se resuelve con gratuidad ni con certificación de la OMS. El Estado puede ofrecer la vacuna, pero no puede obligar a que se la acepten sin recurrir a la coerción legal. Esa brecha entre disponibilidad y adopción es lo que lee la mirada de afuera como síntoma de un problema más vasto: un país donde las instituciones no logran persuadir, donde la población desconfía o se resiste, donde la amenaza de una ley obligatoria aparece como el último recurso.
Lo que se omite en este encuadre es igualmente revelador. No hay mención a por qué la confianza en las vacunas se ha erosionado en Honduras. No hay análisis sobre si la pandemia de COVID-19 dejó cicatrices de desconfianza, si hay actores específicos difundiendo desinformación, si el acceso real a los centros de vacunación es tan gratuito y accesible como se afirma. Tampoco hay preguntas sobre la calidad de la comunicación pública del Estado, sobre si las autoridades sanitarias han logrado construir un relato convincente sobre por qué el sarampión volvió.
En cambio, lo que se presenta es un país donde la solución a un problema de salud pública pasa por hacer obligatorio un documento, donde los legisladores advierten sobre "lamentar la pérdida de un hijo", donde el tono es de alarma contenida pero creciente. Es el Honduras que necesita coerción para lograr lo que otros países logran con persuasión. Es el Honduras donde la confianza institucional es lo que falta, no los recursos.