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🇭🇳 Hondurasmartes, 3 de noviembre de 2026

La prensa extranjera que hoy mira a Honduras le pone cifra a una vergüenza que lleva veinticinco años sin nombre propio suficiente. Infobae América publica el recuento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos: 104 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios entre 2001 y 2026, de los cuales unos 92 siguen impunes, es decir, el 88,5 por ciento. El dato no es nuevo en su sustancia —cualquiera que haya seguido el tema lo reconoce—, pero el medio lo ordena con una precisión que incomoda: 23 casos en el Distrito Central, solo dos con sentencia condenatoria; nueve departamentos donde todos los casos registrados permanecen sin resolver, de Islas de la Bahía a Santa Bárbara. La impunidad deja de ser una impresión difusa y se vuelve un mapa.

Lo genuinamente nuevo del texto no está en el recuento, sino en lo que el CONADEH añade al recuento: 164 casos de periodistas en riesgo o desplazados, quince de ellos atendidos en los primeros nueve meses de 2026, y un dato que merece más atención de la que el titular le concede. En el 38 por ciento de los casos, los responsables de poner en peligro la integridad de los comunicadores son personas desconocidas. Es una frase administrativa que, leída con cuidado, describe un país donde la amenaza contra el que informa no siempre tiene rostro identificable, y donde el Estado, que debería ponerle rostro, tampoco lo hace. Entre los señalados aparecen maras, bandas criminales, crimen organizado y operadores de justicia: la lista, por su sola composición, dice más que cualquier editorial.

El encuadre extranjero tiene, como siempre, su ángulo elegido. Infobae convoca el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas y construye la nota alrededor del pedido del CONADEH a las autoridades hondureñas. Es un marco legítimo, pero conviene señalar lo que el marco deja en penumbra: el texto describe la impunidad como un defecto del sistema de justicia, y no como lo que los propios números sugieren, un patrón sostenido durante un cuarto de siglo a través de gobiernos distintos. La impunidad así presentada parece una falla técnica; en realidad es una política tácita que ninguna administración ha desmantelado. El medio reproduce el caso reciente de José Ángel González, hallado sin vida el 10 de octubre en Comayagua, y lo incorpora a la estadística de 2026 con la misma serenidad con que suma un departamento más a la lista. Esa serenidad es, quizá, el hallazgo más elocuente: un periodista muerto se ha vuelto una entrada de registro.

Hay también un matiz que el texto insinúa sin desarrollarlo y que merece decirse: la impunidad no solo niega justicia a las familias, también impide conocer las circunstancias y motivaciones de los crímenes. Es decir, el silencio sobre los muertos produce silencio sobre los vivos. El temor que el CONADEH describe entre comunicadores —restricciones para investigar, denunciar o informar sobre temas de interés público— no es un efecto colateral de la violencia: es su función. Un país donde informar tiene precio y el precio no se cobra a nadie es un país donde la información misma queda en deuda.

La prensa extranjera, hoy, acierta al poner el foco en la cifra y en la fecha conmemorativa. Lo que no dice —porque no es su tarea, aunque convendría que lo fuera— es que el 88,5 por ciento de impunidad no describe un sistema que falla, sino un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Mientras el CONADEH pide medidas efectivas y las autoridades guardan el pedido en el cajón de los días internacionales, Honduras sigue siendo, para la mirada de afuera, el país donde matar a un periodista es una estadística que se actualiza cada dos de noviembre.

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