La prensa internacional vuelve hoy a Honduras con un encuadre que revela una paradoja incómoda: mientras el país lidia con inseguridad, deportaciones masivas y muertes en carreteras, el sector empresarial sigue apelando a la lógica de que la solución pasa por instituciones más fuertes y certeza jurídica. Infobae América, al reportar las advertencias del presidente de la Cámara de Comercio de Cortés, no está simplemente documentando un reclamo corporativo. Está exponiendo una brecha profunda entre lo que el mercado demanda y lo que el Estado parece capaz de entregar.
El argumento de Karim Qubain es, en su estructura, impecable: la violencia mata negocios, la falta de Estado de derecho ahuyenta inversión, y sin estas dos cosas Honduras no puede competir con sus vecinos centroamericanos por capital extranjero. Pero aquí está el punto que la cobertura internacional subraya sin decirlo explícitamente: Honduras lleva años escuchando este mismo discurso. Los empresarios piden seguridad y certeza jurídica como si fueran bienes que el gobierno pudiera simplemente producir bajo demanda, cuando la realidad que los propios titulares de hoy revelan es que el Estado está lejos de controlar ni siquiera las variables más elementales.
Mientras Qubain habla de "acciones preventivas y operativas que reduzcan la incidencia delictiva", Honduras registra más de 23 mil deportados en seis meses. Mientras se invoca la necesidad de "reglas claras y estabilidad institucional", el país sigue perdiendo ciudadanos a la migración forzada y a la violencia. El encuadre internacional, pues, no es que Honduras tenga un problema de seguridad que deba resolver para atraer inversión. Es que Honduras tiene un problema de Estado que es anterior y más grave que cualquier cálculo de rentabilidad empresarial.
Lo que la prensa extranjera ve, sin necesidad de decirlo con dramatismo, es un país donde la clase empresarial sigue pidiendo que se cumplan las reglas del juego mientras el juego mismo se desmorona. Los inversionistas, según el artículo, evalúan "la protección de sus operaciones, su personal y sus activos". Pero ¿qué país puede garantizar eso cuando está expulsando a 23 mil ciudadanos cada seis meses y cuando ni siquiera puede evitar que sus carreteras sean cementerios?
El detalle más revelador está casi escondido en el texto: que Honduras "compite con otros países de Centroamérica" por inversión. La competencia es real, pero el mensaje que la prensa internacional lee es que Honduras está perdiendo esa carrera no porque le falten incentivos fiscales, sino porque el costo de hacer negocios aquí incluye variables que ningún incentivo puede compensar. Un inversionista puede calcular impuestos, pero no puede calcular cuándo volverá a haber Estado de derecho.
La ironía final es que el sector empresarial hondureño está pidiendo exactamente lo que debería ser función básica de cualquier gobierno: seguridad y certeza jurídica. Que tenga que pedirlo como si fuera una concesión extraordinaria, como si fuera un favor que espera que las autoridades se dignen a otorgar, es quizá el diagnóstico más severo que puede hacer la prensa internacional sin necesidad de escribir una sola palabra de crítica explícita.