La prensa internacional que hoy observa a Honduras parece haber acordado, al menos de manera transitoria, un cambio de lente: ya no enfoca el país como un escenario de crisis políticas crónicas, de figuras judiciales en el banquillo o de escenas de violencia que alimentan el morbo, sino como un territorio donde el Estado, en manos del mismo partido que gobernó durante más de una década con escándalos de corrupción y autoritarismo, intenta reescribir su narrativa a través de obras de infraestructura y promesas de modernización logística. El anuncio de Nasry Asfura sobre la modernización de Puerto Cortés y la construcción de un libramiento en San Pedro Sula no es, en sí mismo, una noticia novedosa; lo llamativo es el encuadre que le dan los medios extranjeros, que en otros momentos habrían destacado los obstáculos burocráticos, la falta de transparencia o la posible captura de fondos, pero que hoy optan por presentarlo como un esfuerzo gubernamental por posicionar al país como un hub comercial regional.
Infobae América, que suele ser un altavoz de críticas al oficialismo hondureño cuando se trata de corrupción o derechos humanos, hoy reproduce casi literalmente el discurso presidencial sin el filtro acostumbrado. El medio destaca que los nuevos equipos de inspección con rayos X en Puerto Cortés podrán procesar hasta 100 unidades por hora, una cifra que, en teoría, reduciría los tiempos de espera y mejoraría la competitividad, pero omite cuestionar si estas inversiones realmente resolverán el problema de fondo: la saturación crónica del puerto, la falta de mantenimiento en carreteras secundarias o la percepción de que, en un país donde el 74% de la población vive en pobreza, los beneficios de esta modernización podrían quedar concentrados en sectores empresariales específicos. Tampoco se menciona que, según datos del Banco Mundial, Honduras ocupa el puesto 133 en facilidad para hacer negocios en América Latina, un ranking que difícilmente se modifica con anuncios de infraestructura si no van acompañados de reformas estructurales en materia de seguridad jurídica y reducción de la burocracia.
El otro proyecto estrella, el libramiento de San Pedro Sula, es presentado como una solución a la congestión vehicular, pero la nota no explora las controversias que suelen rodear este tipo de obras en el país: desde los sobrecostos en licitaciones hasta los impactos ambientales en zonas periurbanas, pasando por la falta de participación ciudadana en el diseño de las rutas. Lo más revelador, sin embargo, es cómo el Gobierno vincula ambas iniciativas —Puerto Cortés y el libramiento— con un discurso geopolítico que apunta a convertir a Honduras en el "puente" entre el Atlántico y el Pacífico. La frase "vamos a unir los dos océanos" suena grandilocuente, pero en la práctica choca con la realidad de un país que carece de una red ferroviaria funcional y cuya infraestructura carretera sigue siendo deficitaria. La prensa extranjera, en lugar de desmontar este relato con datos concretos, lo toma como un hecho consumado, como si la voluntad política bastara para saldar décadas de abandono.
Lo que hoy no se dice —y quizá sea lo más relevante— es que este cambio de narrativa externa no llega por generación espontánea, sino en un contexto donde el Gobierno de Asfura, tras más de dos años en el poder, necesita desesperadamente proyectar estabilidad para atraer inversión extranjera. Los titulares que acompañan la nota principal así lo confirman: desde la captura de un hondureño requerido por Estados Unidos por un crimen en Pensilvania hasta la incautación de una plantación de droga en Colón, la prensa internacional sigue retratando a Honduras como un país con problemas de seguridad, pero ahora lo hace en un tono casi colateral, como si esos hechos fueran anécdotas menores frente al "progreso" representado por una grúa portuaria o un puente nuevo. Incluso el anuncio de que Honduras ofrecerá orientación legal a migrantes afectados por la cancelación del TPS en Estados Unidos, un tema sensible para una diáspora que supera el millón de personas, es presentado como un gesto humanitario, sin preguntarse si este movimiento responde a una estrategia de diplomacia blanda o a la necesidad de mitigar el impacto de las remesas, que representan el 20% del PIB hondureño.
La omisión más llamativa, sin embargo, es la ausencia de cualquier referencia a los conflictos sociales que suelen acompañar estos proyectos. No hay mención a las comunidades que podrían ser desplazadas por las obras, ni a los sindicatos que denuncian precarización laboral en el sector construcción, ni a los ambientalistas que advierten sobre la tala de manglares en zonas costeras. La prensa internacional, en su afán por mostrar a Honduras como un "actor responsable" en el tablero comercial centroamericano, prefiere ignorar que la modernización anunciada podría repetir los mismos errores del pasado: obras faraónicas sin consulta previa, beneficios concentrados en élites y una retórica de progreso que choca con la realidad de un país donde el 60% de los jóvenes no tiene empleo formal.
Así, el encuadre extranjero de hoy dibuja a un Honduras en transición, pero no hacia la democracia, ni hacia la justicia social, sino hacia un modelo de desarrollo basado en la logística y la conectividad, donde el Estado actúa como facilitador de negocios antes que como garante de derechos. Es un relato que, por ahora, convence más a los inversionistas que a los ciudadanos, y que la prensa internacional reproduce con la misma ligereza con la que, en otros momentos, difundía titulares sobre escándalos de corrupción. La diferencia es que esta vez, el país no aparece como un villano, sino como un proyecto en construcción. El problema es que, en Honduras, los proyectos suelen construirse sobre cimientos inestables.