La prensa extranjera que cubre a Panamá ha vuelto su atención hoy a un fenómeno que, lejos de ser nuevo, adquiere una dimensión alarmante por su escala y su sofisticación: la captura del sistema tributario por redes de corrupción que operan desde adentro de la administración estatal. Infobae América dedica su principal cobertura a la Operación Pandora, un operativo que detiene a 19 personas acusadas de manipular E-Tax, la plataforma digital encargada de administrar los impuestos del país.
Lo que distingue este encuadre del que la prensa internacional ha venido trazando sobre la corrupción panameña es su énfasis en la mecánica del delito: no se trata aquí de desvíos de fondos o de enriquecimiento pasivo, sino de la colonización técnica de una infraestructura crítica. Según el reportaje, los investigados utilizaban accesos privilegiados para eliminar del registro tributario cuentas que ya habían cancelado sus obligaciones, transformando esos montos en lo que el sistema clasificaba como pagos no aplicados, que luego eran comercializados a entidades crediticias. Es decir, el crimen no robaba dinero; alteraba la realidad digital que el Estado utiliza para saber cuánto dinero tiene.
Este detalle importa porque la prensa extranjera, al reportarlo, está señalando algo más grave que la corrupción convencional: la posibilidad de que el Estado panameño no controle completamente sus propias herramientas de control. Cuando funcionarios de la DGI pueden manipular registros tributarios, cuando pueden transferir deudas entre contribuyentes o crear créditos fiscales sin respaldo comercial, la pregunta que flota implícitamente en el reportaje es si existe aún una frontera clara entre lo que el Estado dice que sucede y lo que sucede realmente.
La cifra que Infobae América subraya es reveladora de cómo la prensa internacional mide la gravedad: el perjuicio estimado ha escalado de 934 mil dólares en investigaciones iniciales a entre 40 y 80 millones de dólares en auditorías posteriores. No es solo que el fraude haya crecido; es que nadie sabía cuán grande era porque el sistema que debería detectarlo había sido comprometido. Esa brecha entre lo que se creía y lo que era real es, para la mirada extranjera, el verdadero escándalo.
Lo que el encuadre internacional omite, sin embargo, es igualmente significativo. No hay análisis sobre por qué tres años de investigaciones no han producido aún sentencias, por qué los operativos continúan descubriendo nuevas modalidades de fraude, o qué ha fallado en los mecanismos de auditoría interna que permitió que estas redes operaran durante tanto tiempo. Tampoco hay reflexión sobre si la captura de E-Tax es síntoma de una vulnerabilidad más amplia en la arquitectura digital del Estado panameño.
El mensaje que la prensa extranjera envía, implícitamente, es que Panamá enfrenta no solo un problema de corrupción sino de integridad institucional en su nivel más técnico: si los sistemas no pueden ser confiables, si los registros pueden ser alterados por funcionarios, entonces ninguna promesa de reforma o depuración tiene peso real. Es una lectura que va más allá del escándalo del momento y toca la capacidad fundamental del Estado para ejercer soberanía sobre su propia información.