La crisis del agua en Puerto Rico que reporta The Guardian esta semana expone una fractura particular en cómo la prensa internacional enmarca los problemas de la isla. El medio británico documenta con precisión las consecuencias materiales de un colapso infraestructural: restaurantes cerrando baños, negocios gastando trescientos dólares diarios en agua comprada, una mujer de setenta y cinco años que ha vivido cuarenta y cuatro años en el mismo edificio y nunca había experimentado una escasez así, ni siquiera tras el huracán María. La ruptura de una tubería de setenta y dos pulgadas en junio desencadenó lo que un empresario describe como si un huracán hubiera pasado, aunque sin el dramatismo que un huracán real generaría en la cobertura internacional.
Pero el encuadre revela algo más sutil. The Guardian sitúa esta crisis dentro de un marco de "ageing infrastructure and years of inadequate maintenance", como si se tratara de un problema técnico de gestión deficiente, cuando en realidad apunta a algo más estructural: un territorio de 3.2 millones de habitantes donde más del cuarenta por ciento vive bajo la línea de pobreza carece de inversión pública básica. El reportaje menciona que el gobernador activó la Guardia Nacional para distribuir agua, que se han instalado estaciones de distribución en áreas densamente pobladas, que los municipios sin cisternas están en situación crítica. Pero no profundiza en por qué Puerto Rico, siendo territorio estadounidense, tiene que recurrir a estas medidas de emergencia para algo tan elemental como el agua potable.
Lo que The Guardian captura bien es la frustración acumulada de los empresarios y residentes. Kali Solack, copropietaria de dos negocios, dice que no ha habido comunicación clara sobre por qué su zona lleva tanto tiempo sin agua. El alcalde de San Juan demandó a la autoridad de agua a finales de mayo. Pero el reportaje no avanza hacia la pregunta política más incómoda: por qué una autoridad de agua puertorriqueña opera con la precariedad que describe, quién es responsable de esa precariedad, y si existe algún mecanismo de rendición de cuentas que funcione. El medio menciona que The Guardian contactó a las oficinas del gobernador, del alcalde y de la autoridad de agua, pero no reporta qué respondieron o por qué no respondieron. Esa ausencia de respuesta oficial, en sí misma, es parte de la historia, pero queda suspendida sin análisis.
Hay un detalle revelador en el cierre: "The water shortages are unfolding as parts of the archipelago face drought conditions linked to prolonged rainfall deficits, adding another layer of strain as Puerto Rico enters hurricane season". Es decir, The Guardian documenta una crisis presente y simultáneamente la contextualiza como un problema que empeorará. La prensa extranjera tiende a ver Puerto Rico en modo futuro anterior: siempre a punto de colapsar, nunca colapsando realmente en términos que exijan responsabilidad política clara en el presente.
Lo que falta en este reportaje, por lo demás bien reporteado, es la pregunta sobre gobernanza. ¿Quién dirige la autoridad de agua? ¿Bajo qué estructura legal opera? ¿Cuál es el presupuesto, cuál es la deuda, cuál es el plan de inversión? The Guardian nos deja con el retrato vívido de un empresario pagando seiscientos dólares en un jueves para mantener abiertos sus restaurantes, pero sin las herramientas para entender si eso es una crisis temporal o síntoma de un modelo de administración que no funciona. Y esa omisión, repetida en medio tras medio, es precisamente cómo la prensa internacional convierte los problemas de Puerto Rico en historias de sufrimiento sin culpables identificables, sin soluciones posibles, sin política.