La prensa internacional que hoy cubre Guatemala ha elegido un encuadre que convierte la ineficacia en un problema técnico de inversión insuficiente, cuando en realidad es un problema de arquitectura institucional que el dinero por sí solo no resuelve.
Infobae América dedica su análisis principal a comparar el gasto en seguridad de Guatemala y Panamá entre 2020 y 2026, subrayando que ambos países aumentaron dramáticamente sus presupuestos. Guatemala elevó su gasto en seguridad un 37.80% entre 2020 y 2024, con proyecciones de incrementos superiores al 18% anual para 2025 y 2026. El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, aumentó su presupuesto ejecutado un 39.51% en el mismo período. Son cifras que sugieren un esfuerzo fiscal masivo: USD 910.17 millones en seguridad en 2024, más USD 453 millones en defensa, representando juntos casi el 1.64% del PIB corriente.
Pero aquí está el problema que el medio identifica sin extraer sus implicaciones completas: a pesar de este aumento sin precedentes, la tasa de homicidios en Guatemala se mantuvo estancada en 16.1 por cada 100.000 habitantes en 2024. No bajó. No se movió. Mientras Panamá vio su tasa subir ligeramente de 11.6 a 12.9, Guatemala permanece en una meseta de violencia que los recursos no consiguen erosionar.
El informe que cita Infobea ofrece una explicación que merece ser leída con cuidado: "la falta de formación suficiente, la corrupción y las debilidades institucionales limitaron su impacto en la mejora de la seguridad". Es una frase que resume, en realidad, el fracaso de una estrategia que confunde gasto con capacidad. Guatemala tiene la fuerza policial más numerosa de Centroamérica, con 42.000 efectivos en 2024. Más policías, más dinero, mismo resultado.
El encuadre de la prensa internacional aquí es revelador por lo que oculta: no interroga por qué una inversión tan colosal produce tan poco. No examina si el dinero está siendo desviado, si la corrupción es sistémica o si el modelo mismo de seguridad es defectuoso. En cambio, Infobea presenta los datos como si fueran una ecuación incompleta que se resolvería con más variables del mismo tipo. El gasto en defensa creció casi 40%, el gasto en seguridad creció casi 38%, y la violencia se quedó donde estaba. Eso no es un problema de escala. Es un problema de estructura.
Lo que la cobertura extranjera deja sin examinar es precisamente lo que hace que Guatemala sea distinto de Panamá: no solo la magnitud de la inversión, sino su capacidad de convertirla en resultados. El informe menciona que en Guatemala "el gasto siguió orientado sobre todo a sostener y expandir el aparato operativo existente", pero no pregunta si ese aparato es reformable o si está diseñado de manera que la corrupción y las debilidades institucionales son características, no bugs. Cuando más del 80% del presupuesto de seguridad se destina a un único programa de "servicio de seguridad a las personas y su patrimonio", sin que eso produzca cambios en las tasas de homicidio, algo fundamental está roto.
La prensa internacional, al presentar esto como un análisis de "resultados dispares", mantiene una distancia que le permite no formular la pregunta más incómoda: ¿es posible que Guatemala esté invirtiendo masivamente en seguridad precisamente porque el sistema institucional que administra esos recursos es incapaz de traducirlos en efectividad? ¿Es el gasto creciente un síntoma de que el problema no es la cantidad de dinero, sino la calidad de las instituciones que lo gastan?
Mientras tanto, la Vicepresidenta viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO. Guatemala tiembla. La vida continúa en los márgenes de estas cifras que no bajan.