La prensa extranjera ha identificado hoy un patrón que trasciende la simple represión política: la desaparición sistemática de la abogacía como profesión independiente en Nicaragua. El Grupo de Expertos de la ONU, según reporta Infobae América, ha documentado cómo el Gobierno revocó credenciales a un número indeterminado de abogados y notarios sin notificación previa, sin fundamentos legales expuestos y sin posibilidad de defensa. Los afectados descubrieron su exclusión cuando intentaron acceder a juzgados o consultaron registros digitales donde simplemente ya no figuraban.
Lo que distingue este encuadre del anterior es que la cobertura internacional comienza a leer esta medida no como un acto de represalia contra disidentes específicos, sino como un desmontaje arquitectónico de la capacidad misma del sistema legal para funcionar como espacio de contestación. Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, lo califica de "escalada inédita", una frase que sugiere que incluso los observadores acostumbrados a documentar autoritarismo en la región reconocen aquí una mutación cualitativa.
El dato que la prensa extranjera subraya es el de la ausencia de procedimiento. No hay audiencia, no hay instancia imparcial, no hay siquiera la ficción de un proceso legal. La eliminación de nombres de registros digitales reemplaza al juicio. Esto importa porque sitúa a Nicaragua en un territorio donde la represión ya no se disfraza de legalidad, ni siquiera de legalidad corrupta. Es la supresión desnuda del derecho a la defensa como tal.
Ariela Peralta, del mismo Grupo de Expertos, rastrea una genealogía: desde 2018, los abogados han enfrentado amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Pero la revocación masiva de credenciales representa un salto. No es que se persiga a abogados por sus casos o sus clientes. Es que se elimina la posibilidad de que haya abogados en absoluto, al menos aquellos que podrían representar intereses que el Gobierno considera amenazantes.
La reforma constitucional de 2025, que la cobertura menciona como contexto, completa el cuadro: subordinó el Poder Judicial a la Presidencia, redujo magistrados de 16 a 10 y los hizo todos designados por Ortega y Murillo. La revocación de credenciales de abogados es el complemento lógico de esa arquitectura. Un Poder Judicial sin independencia necesita una abogacía sin independencia. O mejor aún, una abogacía que no exista.
Lo que la prensa internacional parece estar comprendiendo es que esto no es represión contra abogados disidentes. Es la eliminación del derecho a la defensa como institución. Y eso marca un punto de no retorno en la narrativa sobre Nicaragua que viene construyendo desde hace años: ya no es un régimen que controla las instituciones. Es uno que las disuelve.