La prensa internacional ha vuelto a fijar su mirada en Colombia, pero no en los salones de poder o en las crisis institucionales que han marcado los últimos meses. Esta vez, el encuadre viene desde el terreno, desde las parcelas remotas de Meta y Guaviare, donde la BBC documenta el fracaso silencioso de una de las apuestas más ambiciosas del Estado colombiano: convencer a los campesinos de que abandonen la coca.
Lo que la cobertura internacional subraya es una paradoja incómoda. Colombia produce el 70% de la cocaína mundial, pero no porque los agricultores sean criminales por vocación, sino porque el Estado les prometió una salida que nunca llegó. El agricultor Perea es el símbolo perfecto de esa ruptura: arrancó las matas de coca, plantó yuca y plátano, esperó el apoyo prometido, y cuando la realidad de los ríos desbordados y la ausencia de mercados lo golpeó, volvió a lo único que funcionaba. No por ambición. Por hambre.
La BBC insiste en un detalle que la prensa local tiende a pasar por alto: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) nació de la paz de 2016 como un acto de fe en que el Estado podía competir con la economía de la coca. Cien mil familias se inscribieron. Se suponía que recibirían 36 millones de pesos colombianos durante dos años, más asistencia técnica, más seguimiento agrícola. Lo que llegó fue retraso, abandono, coordinación fallida entre agencias. Cuando Iván Duque asumió en 2018, el gobierno pivoteó hacia la erradicación forzada y la seguridad. El PNIS quedó en suspenso.
Aquí está el encuadre que importa: la prensa extranjera está leyendo el problema de la coca no como un fracaso de los campesinos, sino como un fracaso estatal de una magnitud que desafía toda retórica sobre transición institucional o gobernanza. Colombia prometió una cosa, incumplió, y ahora cultiva coca a niveles récord, más de 250 mil hectáreas. No hay discurso sobre "Total Peace" o negociaciones que pueda competir con esa cifra.
Lo que la BBC también documenta, con cuidado, es que la sustitución no fracasó por completo. Doralba Bejarano, en Puerto Rico, Meta, logró salir del ciclo. Recibió apoyo, ahora vende sus cosechas legales, camina sin miedo a ser detenida. Pero Bejarano es la excepción que confirma la regla: cuando el Estado se empeña, funciona. Cuando se retira, la coca regresa.
El mensaje implícito en esta cobertura es que Colombia no tiene un problema de drogas que sea fundamentalmente un problema de criminalidad campesina. Tiene un problema de Estado débil en territorios remotos, donde la promesa de institucionalidad compite contra la certeza de la economía ilícita y pierde. Michael Weintraub, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, lo dice sin adornos: habrá coca en Colombia mientras haya demanda en Estados Unidos y Europa. Pero esa demanda no explica por qué el Estado colombiano no puede sostener un programa de sustitución durante más de tres o cuatro años.
La ironía que la prensa internacional parece estar capturando es que el gobierno actual de Gustavo Petro llegó al poder con un discurso que incluía precisamente la apuesta por políticas sociales y presencia estatal en zonas rurales. Pero el relato de la BBC no menciona cambios significativos en ese frente. Lo que documenta es inercia, abandono continuado, y campesinos que, después de haber cumplido su parte del trato, descubren que el trato nunca fue real.
Esa es la historia que la prensa de afuera está contando sobre Colombia hoy: no un país en crisis política, sino un Estado que no puede mantener sus compromisos ni con sus propios ciudadanos en sus propios territorios. Y en eso hay algo más profundo que cualquier disputa electoral.