La tragedia de La Victoria, reportada por la BBC y otras agencias internacionales, marca un giro en el tipo de catástrofe que define a Perú en la mirada extranjera, pero no en la dirección que podría esperarse. No se trata ya de desastres naturales que suspenden momentáneamente el escrutinio sobre fragilidades institucionales, sino de una violencia deliberada que, paradójicamente, refuerza la imagen de un Estado incapaz de garantizar seguridad elemental incluso en el núcleo de su capital.
Lo que la cobertura internacional subraya aquí es particularmente revelador. La BBC y otros medios no presentan este incendio como un accidente o una fatalidad inevitable. Lo enmarcan explícitamente dentro de un patrón de criminalidad organizada: amenazas de extorsión, incendios provocados, una familia pequeña empresaria convertida en blanco de fuerzas que operan con impunidad en Lima. El detalle de que los vecinos reportaran que "individuos desconocidos" encendieron fuego a las motocicletas eléctricas, permitiendo que las llamas se propagaran a través de materiales inflamables de la manufactura de colchones, no es un dato menor. Sugiere una ejecución deliberada, casi quirúrgica en su precisión criminal.
Lo que la prensa extranjera está viendo, entonces, es menos una tragedia aislada y más un síntoma de una realidad que ya conoce sobre Perú: la penetración de redes criminales en espacios urbanos, la vulnerabilidad de pequeños empresarios, la aparente incapacidad del Estado para prevenir o investigar actos de violencia organizada. Diez miembros de una familia, cinco de ellos niños, mueren no por negligencia o accidente, sino porque alguien los marcó como objetivo. Eso es lo que circula en los titulares internacionales.
La declaración oficial de la Policía Nacional Peruana, citada por la BBC, utiliza el lenguaje de la solemnidad institucional: "hoy, todo Perú guarda silencio ante una tragedia que sume a nuestra nación en luto". Pero ese silencio, tal como lo capta la prensa extranjera, no es el silencio de una nación unida en duelo. Es el silencio de una sociedad donde la violencia criminal opera con suficiente libertad como para ejecutar una masacre familiar en el corazón de Lima a las tres de la mañana. El contraste entre el tono ceremonial de la respuesta oficial y la crudeza de lo que ocurrió es precisamente lo que la cobertura internacional retiene.
No hay aquí el matiz de vulnerabilidad natural que caracterizaba los terremotos. No hay tampoco el debate sobre legitimidad política que dominó semanas atrás. Lo que emerge es una imagen más perturbadora: la de un orden público tan comprometido que una familia entera puede ser eliminada por negarse a pagar extorsión. Para la prensa extranjera, Perú no es solo un país con turbulencias políticas o expuesto a desastres geológicos. Es un país donde el crimen organizado dicta sus propias reglas, incluso en la capital, y donde las familias pequeñas empresarias viven bajo amenaza constante.
El hecho de que los cuerpos estuvieran quemados más allá del reconocimiento añade una capa final de horror que la cobertura internacional no puede eludir. No es solo que murieron diez personas. Es que murieron de manera que borró su identidad física, como si la violencia buscara no solo eliminarlos sino desaparecerlos. Ese detalle, reportado por la policía, es lo que queda en la narrativa internacional sobre Perú hoy: no un desastre, sino una ejecución.