La cobertura internacional sobre Colombia hoy se bifurca en dos registros que merecen examen separado, porque revelan cómo la prensa extranjera está aprendiendo a leer simultáneamente dos crisis distintas que, sin embargo, comparten una raíz común: la fragilidad institucional.
El primer registro es el del feminicidio de María Camila Potosí. El País América lo encuadra no como un crimen aislado, sino como un síntoma de negligencia política específica, atribuyendo responsabilidad a De la Espriella por su silencio sobre violencia de género. Este enfoque traslada el problema desde el plano de la seguridad criminal al plano de la omisión ejecutiva. No es menor: la prensa internacional está sugiriendo que existe una expectativa clara de que el nuevo presidente pronuncie una posición sobre este tema, y que su ausencia es interpretable como complicidad o indiferencia. Lo que se lee entre líneas es que la violencia contra las mujeres no es una externalidad del sistema político colombiano, sino una responsabilidad directa de quienes gobiernan.
El segundo registro, el de France 24, trata la instalación del Congreso como un evento donde el presidente se declara a sí mismo en oposición. Aquí la prensa extranjera no está describiendo una anécdota de posicionamiento político. Está registrando una anomalía institucional: un ejecutivo que, en el momento mismo en que debería consolidar su autoridad legislativa, anuncia una postura de enfrentamiento. La paradoja que captura es real, pero la pregunta que subyace es incómoda: ¿cómo gobiernan los presidentes que se declaran opositores a su propio Congreso?
Lo que conecta ambos titulares, aunque la cobertura no lo haga explícitamente, es una pregunta sobre la capacidad del Estado colombiano para actuar. Un feminicidio sin respuesta presidencial visible. Un Congreso instalado cuyo presidente anuncia que será su adversario. Dos escenarios donde la autoridad parece, o bien ausente, o bien invertida.
La prensa extranjera no está inventando una crisis. Está documentando que en Colombia existen ahora dos vacíos simultáneos: uno de política pública sobre violencia de género, otro de coherencia entre el poder ejecutivo y el legislativo. Ambos son reales. Lo que la cobertura aún no ha articulado es si estos vacíos son síntomas de una transición turbulenta o de un problema más estructural en cómo se está ejerciendo el poder en este momento.