La prensa internacional descubre hoy en Perú una historia que no es peruana, sino global: la de una corporación estadounidense obligada a rendir cuentas por daño ambiental transfronterizo. El titular que circula en los cables anglófonos no habla de Perú como territorio, sino de Perú como jurisdicción donde ocurrió un crimen industrial cuya resolución tiene lugar, fundamentalmente, en los tribunales de Estados Unidos.
El encuadre es revelador. The Guardian y las agencias que reproducen esta noticia enfatizan que la Doe Run Company, filial del Renco Group del magnate Ira Rennert, pagará 150 millones de dólares a 1.373 peruanos envenenados por plomo durante su infancia. Pero la narrativa no se construye alrededor del sufrimiento neurológico de esos niños ni de la responsabilidad estatal peruana en permitir que La Oroya se convirtiera en uno de los diez lugares más contaminados del mundo. Se construye alrededor de un logro procesal estadounidense: que una corporación norteamericana haya sido finalmente responsabilizada ante un tribunal federal en St. Louis por sus acciones en el extranjero.
Jerry Schlichter, el abogado que lideró el caso, es citado como el héroe de esta historia. Su victoria es presentada como un "punto de inflexión histórico" en la capacidad de las cortes estadounidenses de ejercer jurisdicción sobre daño ambiental cometido por empresas norteamericanas en otros países. El hecho de que haya sido necesaria una intervención de Saint Louis University para documentar lo que ya era evidente en La Oroya, o que la justicia peruana no haya podido resolver esto en casi dos décadas, se menciona de pasada. Lo importante, en la lectura extranjera, es que Estados Unidos ha corregido a una de sus propias corporaciones.
El cardinal Pedro Barreto aparece en esta narrativa como una figura moral secundaria, casi decorativa. Se subraya que recibió amenazas de muerte, que fue valiente, que merece reconocimiento. Pero la agencia de la historia no está en él ni en la sociedad civil peruana que lo apoyó. Está en el sistema legal estadounidense que finalmente funcionó. Barreto mismo, cuando habla, reconoce que "el dinero no compensará el daño sufrido", pero la prensa internacional lee esto no como un fracaso de la justicia, sino como una confirmación de que al menos se logró algo.
Lo que la cobertura extranjera omite es casi tan importante como lo que subraya. No hay análisis de cómo fue posible que una corporación estadounidense operara durante décadas en Perú con estándares de seguridad ambiental que habrían sido ilegales en su país de origen. No hay examen de la complicidad estatal peruana, ni de las razones económicas por las que La Oroya seguía siendo una ciudad de sacrificio. No hay pregunta sobre qué sucede ahora con la smelter, con los trabajadores que dependen de ella, con la comunidad que sigue viviendo allí. El caso se cierra como una victoria legal estadounidense, no como una resolución de un problema peruano.
Esto refleja una lógica más amplia en cómo la prensa internacional ve a Perú: como un lugar donde ocurren cosas que importan solo cuando pueden ser enmarcadas como responsabilidad de actores externos o como ejemplos de cómo las instituciones occidentales, finalmente, funcionan. La tragedia de La Oroya es real y documentada. Pero su significado, en la lectura extranjera, es que un tribunal estadounidense pudo obligar a una corporación estadounidense a pagar. El sufrimiento de 1.373 peruanos se convierte en evidencia de que el sistema legal norteamericano tiene alcance global. Perú es el escenario; Estados Unidos es el protagonista.