La prensa extranjera, en su afán por encontrar historias que confirmen sus prejuicios o que encajen en narrativas globales preexistentes, ha convertido el caso de La Oroya en un ejemplo más de cómo el capital estadounidense —y sus empresas— son llevados ante la justicia por daños ambientales, pero también en un espejo deformado de Perú mismo. El acuerdo de 150 millones de dólares entre la Doe Run Company y los afectados por el envenenamiento con plomo en la ciudad andina no es, en realidad, una noticia sobre Perú, sino sobre un conflicto que trasciende fronteras y que, por circunstancias ajenas a la voluntad de los peruanos, termina resolviéndose en tribunales estadounidenses. Lo que para los medios anglosajones es un "hito histórico" —la primera vez que una corporación estadounidense paga por contaminación en otro país—, para los habitantes de La Oroya es, en el mejor de los casos, un alivio parcial después de décadas de abandono estatal y negligencia corporativa.
El encuadre que domina las crónicas es el de la justicia transnacional, donde el cardenal Pedro Barreto aparece como un héroe David enfrentado a un Goliat corporativo. Pero esta narrativa omite, convenientemente, que el Estado peruano estuvo ausente durante años, que las autoridades locales no actuaron con la urgencia que requería una crisis sanitaria de esta magnitud, y que Doe Run operó durante casi dos décadas con permisos cuestionables, amparada en un marco legal que priorizaba la inversión sobre la salud pública. El relato también minimiza el papel de las comunidades afectadas, reduciéndolas a meros beneficiarios de un cheque en lugar de actores activos en una lucha que comenzó en las calles y en las iglesias antes de llegar a los tribunales extranjeros. No es casualidad que el mismo cardenal Barreto, en sus declaraciones, recuerde que "nosotros hemos tenido que soportar solo un poco de su inmenso sufrimiento": la prensa internacional prefiere narrar la historia desde la perspectiva del triunfo legal en EE.UU., no desde la cotidianeidad de una ciudad donde el plomo sigue presente en el aire, el agua y la sangre de sus habitantes.
Lo más revelador, sin embargo, es cómo este caso se inscribe en una tendencia más amplia de la cobertura internacional sobre Perú: cuando los hechos pueden ser leídos como un ejemplo de lucha contra la impunidad corporativa o de defensa de los derechos humanos, el país se convierte en un escenario donde lo local se diluye en lo global. Pero cuando la noticia no encaja en ese molde —como el accidente aéreo en Nazca, donde las víctimas eran mayoritariamente extranjeras, o el caso de la cantante de cumbia agredida, que solo interesa en la medida en que confirma estereotipos sobre la violencia de género en la región—, Perú desaparece como sujeto político y reaparece como un territorio exótico o problemático. En el caso de La Oroya, el foco está puesto en el magnate Ira Rennert y en el sistema judicial estadounidense, no en la responsabilidad del gobierno peruano, que nunca fue demandado, ni en las condiciones de vida de una población que, incluso después de este acuerdo, sigue expuesta a los mismos contaminantes.
La ironía final es que, mientras los medios celebran este fallo como un precedente, en Perú mismo la noticia ha pasado casi desapercibida. No es que no importe, sino que no encaja en la agenda internacional. Perú, para la prensa extranjera, solo existe cuando sus conflictos pueden ser traducidos a términos universales: justicia, derechos humanos, lucha contra la impunidad. El resto —la corrupción endémica, la debilidad institucional, la desigualdad estructural— queda relegado a un segundo plano, como si fueran detalles sin relevancia para una historia que, en el fondo, no es sobre Perú, sino sobre cómo el mundo prefiere verlo.