La prensa internacional ha encontrado en el acuerdo de 150 millones de dólares a las víctimas del envenenamiento con plomo en La Oroya un relato que encaja a la perfección en su caja de herramientas narrativa: el de la corporación extranjera que, tras décadas de impunidad, es obligada a responder ante un tribunal de otro país por daños ambientales y humanos. El caso, sin embargo, no es solo un precedente legal —el más cuantioso en su tipo contra una multinacional por contaminación transfronteriza—, sino también una ventana que los medios extranjeros usan para proyectar, una vez más, las contradicciones de un Perú que, en su mirada, parece condenado a ser el escenario donde se dirimen batallas ajenas.
El encuadre del *The Guardian* y otras publicaciones anglófonas no se detiene en la ciudad andina como un territorio con historia, memoria y actores locales, sino como un mero escenario geográfico donde ocurrió una injusticia industrial. La Oroya, con su pasado de explotación minera y su presente de secuelas neurológicas en generaciones de niños, se convierte en un dato más: 1.373 afectados, 150 millones de dólares, un cardenal amenazado, un magnate estadounidense de 92 años. Los detalles —el 98% de los menores de seis años con niveles de plomo en sangre por encima de lo tolerable en 2004, las amenazas de muerte a Pedro Barreto, la lista de *Pure Earth* como uno de los lugares más contaminados del mundo— son citados como pruebas de un sistema que falló, pero no como parte de una narrativa peruana sobre salud pública, gobernanza ambiental o justicia social. La historia, en este caso, es universal: el capital transnacional responde ante los tribunales de su país de origen por crímenes cometidos en otro. Perú, en este relato, es un país donde la justicia llegó desde fuera, no desde dentro.
Lo curioso es que, incluso en su afán por humanizar el caso —con el cardenal como figura central—, la prensa extranjera termina despersonalizando el sufrimiento. Barreto, que dedicó casi dos décadas a la lucha, es citado como un símbolo de resistencia, pero su voz se diluye en un coro de indignación global contra el *Renco Group* y su dueño, Ira Rennert. El dinero, se insiste, no reparará el daño neurológico de quienes fueron envenenados, pero será "un punto de inflexión". La ironía, sin embargo, no es menor: la justicia que celebra el cardenal llega tarde, incompleta y a través de un mecanismo judicial que, como advirtió el abogado Jerry Schlichter, habría sido imposible en Perú. "Si el caso hubiera ido a Perú, los niños no habrían recibido nada", dice el reportaje. La frase, en sí misma, es un diagnóstico brutal de cómo los peruanos suelen ser tratados por su propio sistema: como ciudadanos de segunda en su propia tierra.
Lo que la prensa internacional omite, o al menos no profundiza, es el contexto político y social que hizo posible este envenenamiento durante años. No hay en los cables de hoy una reflexión sobre la connivencia entre empresas extractivas y autoridades locales, ni sobre la debilidad institucional que permitió que Doe Run operara durante dos décadas sin controles efectivos. Tampoco hay espacio para el debate sobre cómo un país que exporta minerales puede ser, al mismo tiempo, incapaz de garantizar condiciones mínimas de salubridad para sus propios ciudadanos. En cambio, el caso se reduce a una batalla épica entre David —el abogado Schlichter, el cardenal Barreto— y Goliat —el magnate Rennert—, donde el escenario peruano solo sirve para dar color local a una historia que, en esencia, podría haber ocurrido en cualquier otro país del Sur Global.
Así, Perú sigue siendo para la prensa extranjera un territorio de contrastes: un lugar donde la tragedia se narra en clave de denuncia global o se reduce a un dato exótico en una tragedia ajena. La Oroya, en este caso, no es un símbolo de la lucha ambiental en los Andes, sino un ejemplo más de cómo la justicia, cuando llega, suele hacerlo desde fuera y con cuentagotas. Y mientras los medios internacionales celebran el hito histórico, en Perú queda la pregunta incómoda: ¿cuántas La Oroyas más habrá esperando su turno?