El hecho es grave y la prensa extranjera lo trata como tal: El País América informa de al menos tres militares muertos y dieciséis heridos graves en un ataque con drones en Santa Rosa del Sur, al norte del país, y añade que el Ejército confirma «otros 31 afectados» sin dar más detalles. Hasta aquí, el registro convencional del conflicto. Lo que singulariza la pieza no es el parte de bajas sino la escena política que el diario elige poner al lado: el alcalde del municipio, Milton Olaya Santamaría, rechaza el «atentado terrorista» ante medios locales y, en la misma declaración, demanda la colaboración de Abelardo de la Espriella y le pide al presidente que «nos apoye en el municipio y todo el territorio». Es decir, un funcionario local, ante una masacre, no se dirige solo al Estado sino también a un caudillo de la oposición. El diario reproduce la escena sin subrayarla, y ahí está el encuadre: la normalización de que la autoridad en el terreno se negocie en dos direcciones.
Hay un silencio que el texto no resuelve y que conviene señalar: «se desconoce la autoría del atentado». La prensa internacional registra el hecho, cuenta los muertos y los heridos, cita al alcalde, y se detiene justo antes de la pregunta que cualquier lector se hace: quién, con qué capacidad técnica, en qué disputa territorial. El dron no es un arma improvisada; supone logística, dinero y control de espacio aéreo rudimentario. Que El País no lo explore puede ser prudencia periodística ante la falta de confirmación oficial, pero el efecto es el de siempre: Colombia aparece como un país donde las cosas simplemente ocurren, sin autores ni cadenas de responsabilidad. La violencia se vuelve clima.
El segundo titular del día completa el retrato por contraste. El mismo medio publica que «la derecha colombiana encuentra una mina de oro en la vida sexual de Petro». Un ataque con drones que mata a tres soldados y una operación política centrada en la intimidad del presidente conviven en la misma sección, sin jerarquía explícita. La mirada extranjera, cuando no puede explicar el conflicto, lo desplaza hacia el espectáculo; cuando el espectáculo no basta, vuelve al parte de guerra. Entre ambos extremos queda un país que rara vez aparece en su complejidad: instituciones locales que sobreviven pidiendo auxilio a quien no gobierna, fuerzas armadas golpeadas por tecnología que no controlan, y una oposición que, según el diario, ha convertido la alcoba presidencial en programa político.
No hay aquí una distorsión deliberada. Hay algo más difícil de corregir: la comodidad del marco. El ataque de Santa Rosa del Sur merecía, en la prensa que nos mira desde fuera, la misma curiosidad que se dedica a la vida privada de un mandatario. La brevedad con que se despacha a los muertos no es censura; es costumbre. Y la costumbre, en el encuadre extranjero sobre Colombia, sigue siendo la de contar el dolor sin preguntar por sus dueños.