La prensa internacional ha vuelto a encontrar a Perú en la selva, pero no donde se esperaría. No en las ciudades, no en las instituciones, no en los anuncios de crisis política o reformas económicas. La ha encontrado en milicias indígenas que usan arcos y fusiles viejos para defender territorio que el estado peruano, hace décadas, decidió abandonar.
El encuadre que emerge de esta cobertura es particularmente revelador porque expone una contradicción que la prensa extranjera rara vez articula con claridad: Perú tiene un estado que existe y no existe simultáneamente. Existe en su capacidad para armar a comunidades indígenas contra la guerrilla en los años ochenta. Desaparece cuando esas mismas comunidades necesitan protección contra el crimen organizado en el presente. Es un estado que se retira sin entregar las responsabilidades que delegó, dejando a los Asháninka en la posición absurda de seguir siendo milicianos sin ser ya reconocidos como tales.
Lo que la cobertura internacional subraya, correctamente, es que esta no es una historia de seguridad pública convencional. No es sobre policías o soldados que fallan. Es sobre ciudadanos indígenas que hacen el trabajo que el estado debería hacer, con recursos que el estado no proporciona, en un territorio que el estado ha cedido de facto a redes de tráfico de cocaína. El Vraem produce la mayor parte de la coca ilícita peruana, y el Tambo funciona como corredor de distribución. Los ronderos de Poyeni, según el reportaje, han logrado mantener su cuenca libre de cultivo a gran escala, una hazaña que la prensa atribuye directamente a su vigilancia. Pero esa vigilancia es un acto de autodefensa, no de gobernanza estatal.
Hay un detalle que merece atención: la prensa internacional cita a antropólogos y expertos que advierten contra la simplificación. Orin Starn señala que no todos los Cads son títeres del ejército, que hay tensión genuina entre iniciativa comunitaria y control militar. Pero el titular mismo, con su imagen de arcos contra bandas de cocaína, ya ha hecho la simplificación. Ha elegido el contraste visual, la asimetría de fuerzas, la sensación de abandono. Eso es lo que viaja.
Lo que la cobertura omite es igualmente importante. No hay análisis profundo sobre por qué el estado peruano mantiene esta ficción de retirada mientras mantiene presencia militar en otras partes de la región. No hay examen de cómo el narcotráfico regional se beneficia de esta fragmentación estatal. No hay preguntas sobre si los programas de sustitución de cultivos de Devida son realmente viables cuando el estado no puede garantizar seguridad. El reportaje menciona que el cacao crece en el Tambo, que hay esperanza económica, pero deja sin resolver la pregunta fundamental: ¿puede prosperar una economía alternativa cuando los ronderos deben pasar noches en puestos de vigilancia con fusiles viejos?
La prensa extranjera ha encontrado en esta historia una narrativa que le es familiar: comunidades indígenas resilientes, abandonadas por gobiernos incapaces, defendiendo su territorio contra fuerzas que los superan. Es una narrativa que funciona en medios internacionales porque es legible, porque tiene héroes locales y villanos sistémicos. Pero esa legibilidad tiene un costo. Convierte a los Asháninka en personajes de una tragedia que la audiencia internacional puede admirar desde la distancia, sin que ello implique preguntas incómodas sobre por qué un estado que existe en el papel no existe en la práctica, o sobre qué significa que comunidades indígenas sigan siendo milicianas cuatro décadas después de que terminó la guerra interna.