La prensa internacional ha optado hoy por ver a Honduras como un país donde la violencia contra las mujeres es, ante todo, un problema económico. Infobae América reporta sin ambigüedad las declaraciones de Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien sostiene que el femicidio y la violencia de género frenan el crecimiento económico sostenible al reducir el talento disponible, la productividad, la innovación y la participación femenina en el mercado laboral. El encuadre es el de una tragedia que impacta los indicadores de competitividad, inversión y desarrollo: naciones con mayores garantías de seguridad para las mujeres registran mejores números macroeconómicos.
Lo que merece atención es lo que ese encuadre deja en la sombra. Que una voz empresarial hondureña hable de femicidio es, en sí, significativo. Que lo haga desde una lógica de productividad y competitividad global es, sin embargo, revelador de cómo ciertos problemas estructurales son traducidos al lenguaje que el capital entiende. Gallardo no niega la urgencia: reconoce que las reformas al Código Penal constituyen un avance y que el aumento de penas es necesario. Pero insiste, correctamente, en que las sanciones penales por sí solas no resolverán nada sin políticas de prevención, protección, acceso a justicia y recursos institucionales.
El dato que la prensa extranjera subraya es brutal: más de 230 muertes violentas de mujeres en 2025, 137 en lo que va de 2026, un promedio de varios casos cada semana. Organizaciones defensoras de derechos advierten sobre altos niveles de impunidad. Pero el titular que Infobea elige enfatizar es el de la presidenta del COHEP explicando por qué esto importa para el PIB, no por qué importa para las mujeres que mueren, para sus hijos huérfanos, para sus madres que entierran a sus hijas.
Hay una lógica perversa en esa traducción. Al convertir el femicidio en un problema de desarrollo económico, se lo desplaza de su naturaleza como violencia estructural, como expresión de poder y control, como fenómeno enraizado en desigualdades de género que ningún aumento de penas ni ninguna reforma institucional erradica sin cambio cultural profundo. Se lo convierte en un obstáculo para la acumulación, un desperdicio de recursos humanos, una ineficiencia del mercado.
Gallardo está en lo correcto cuando menciona la autonomía económica como factor de protección, cuando subraya que las mujeres bajo amenaza no pueden estudiar ni trabajar ni emprender. Pero la prensa internacional, al reproducir su mensaje sin cuestionamiento, está aceptando un encuadre donde la solución al femicidio es, en última instancia, hacer que Honduras sea más competitivo, más atractivo para la inversión, más alineado con los estándares de naciones desarrolladas. Como si el problema fuera que Honduras pierde dinero con sus mujeres muertas, no que Honduras mata a sus mujeres.
Los otros titulares del día refuerzan esa lectura: la desaparición de Angie Peña, la masacre en Rigores, las irregularidades en investigaciones. La violencia sigue siendo el hilo narrativo dominante sobre Honduras en la prensa de afuera. Pero cuando esa violencia es filtrada a través de la voz de un organismo empresarial, cuando es presentada como un freno al desarrollo, algo crucial se pierde: la idea de que las mujeres tienen derecho a vivir simplemente porque son humanas, no porque su muerte reduce la competitividad nacional. La prensa internacional, al amplificar ese encuadre, está legitimando una forma de pensar donde la vida de las mujeres tiene valor solo si genera valor económico.