La justicia peruana ha admitido a trámite el hábeas corpus de Pedro Castillo, y ese acto administrativo, en apariencia menor, concentra en sí la paradoja que la prensa internacional lleva semanas procesando sin terminar de resolverla: cómo narrar un país donde los procedimientos formales avanzan mientras la legitimidad de fondo sigue en disputa.
El dato que El País América subraya no es trivial. El Poder Judicial peruano, después de meses de ritmo lento, ha decidido admitir el pedido de liberación del expresidente. Y lo ha hecho en sincronía con el informe de expertos de la ONU que calificó su detención como arbitraria e ilegal. Esa coincidencia temporal podría leerse de dos formas: como un signo de que las presiones internacionales están permeando las instituciones locales, o como una simple concurrencia de hechos. La prensa extranjera, por ahora, elige la primera lectura, porque es la que permite narrar una historia de movimiento, de cambio, de instituciones que ceden bajo escrutinio.
Lo que permanece en la sombra de esta cobertura es una pregunta más incómoda: qué significa que la justicia peruana tenga que ser empujada por expertos de las Naciones Unidas para hacer lo que sus propios principios deberían exigirle. El encuadre internacional, al celebrar que el hábeas corpus fue admitido, implícitamente reconoce que no era evidente que lo fuera. Eso no es un triunfo del sistema judicial peruano; es un síntoma de su fragilidad.
El titular de El País es sobrio, casi neutro. No dice que Castillo será liberado, solo que su defensa logró que se tramite la solicitud. Pero en esa precisión lingüística hay un reconocimiento: en Perú, incluso que un tribunal admita a trámite una demanda de libertad es noticia. En democracias consolidadas, eso sería un procedimiento de rutina. Que merezca cobertura internacional sugiere que la prensa extranjera sigue viendo a Perú como un lugar donde los derechos procesales no son garantías, sino conquistas que hay que documentar cuando ocurren.