La crisis del agua en Puerto Rico que The Guardian documenta esta semana expone una fractura particular en cómo la prensa internacional enmarca los problemas estructurales de la isla: la precisión en la descripción de la catástrofe convive con una notable ausencia de análisis sobre sus raíces políticas.
El reportaje es, en lo factual, impecable. Describe con exactitud las consecuencias materiales del colapso: restaurantes vaciando cisternas de mil galones cada dos días a trescientos dólares por llenada, cafeterías llevando un conteo público de días sin agua confiable, una mujer de setenta y cinco años que afirma nunca haber vivido algo así ni siquiera después del huracán María. La ruptura de la tubería de setenta y dos pulgadas en junio en Bayamón es documentada como el evento que detonó la crisis, y se menciona de pasada que disrupciones posteriores en plantas de tratamiento y reservorios han agravado el problema. El medio británico incluso toca la variable ambiental: sequía vinculada a déficits prolongados de lluvia, que añade presión cuando la isla entra en temporada de huracanes.
Pero aquí comienza la omisión sistemática. The Guardian describe el síntoma con tanto detalle que casi no hay espacio para la enfermedad. La "infraestructura envejecida" y "años de mantenimiento inadecuado" aparecen como frases de relleno, sin que se profundice en qué decisiones políticas, qué ciclos de deuda, qué prioridades de gasto público han dejado a una población de 3.2 millones de personas dependiendo de cisternas privadas para sobrevivir. El hecho de que más del 40 por ciento de los residentes viva bajo la línea de pobreza se menciona, pero no se conecta con la pregunta obvia: ¿quién puede permitirse pagar trescientos dólares diarios en agua cuando vive en pobreza?
Lo que The Guardian no examina es la arquitectura de negligencia que sostiene esta crisis. No hay análisis sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, su gestión, sus presupuestos, sus prioridades. No hay contexto sobre cómo la junta de supervisión fiscal impuesta por Washington ha reconfigurado las prioridades de gasto público en la isla. No hay pregunta sobre por qué el gobernador necesitó activar la Guardia Nacional para distribuir agua potable en el siglo veintiuno en territorio estadounidense. El alcalde de San Juan demandó a la autoridad de agua a finales de mayo, pero esa acción legal aparece como un dato aislado, sin seguimiento.
La prensa internacional tiende a ver a Puerto Rico como un lugar donde las cosas simplemente se rompen, donde la infraestructura envejece y la naturaleza conspira. Rara vez ve a Puerto Rico como un lugar donde decisiones específicas, tomadas por actores específicos, han producido resultados específicos. El agua no desapareció por generación espontánea. Alguien decidió no invertir en mantenimiento. Alguien priorizó otros gastos. Alguien permitió que una tubería crítica llegara a un punto de ruptura. Alguien no comunicó con claridad a los residentes qué estaba pasando.
The Guardian documenta el sufrimiento con precisión. Lo que no hace es preguntarse quién es responsable de que ese sufrimiento sea posible. Y esa ausencia, esa incapacidad de la mirada extranjera para conectar la crisis material con las decisiones políticas que la producen, es quizás el encuadre más revelador de todos.